Según informaron el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, del que depende la Inspección de Trabajo, en el protocolo se ha priorizado el control de las empresas que no tengan a todos sus conductores dados de alta en la Seguridad Social o cursen fraudulentamente sus altas en otros Estados miembros de la Unión Europea mediante la creación de estructuras empresariales sin actividad real, contraten a conductores a tiempo parcial cuando realizan jornada completa o bien utilicen falsos autónomos.

El objetivo principal del protocolo es potenciar la eficacia de los mecanismos de control y reforzar los instrumentos de disuasión y de reacción frente a conductas que generan competencia desleal, desprotección social de los trabajadores y evasión de cotizaciones sociales.

El objeto del protocolo es detectar prácticas como las usadas con las “falsas cooperativas” u otras que pudieran surgir. Se prestará especial atención a aquellas empresas, denominadas ‘empresas buzón’, que han desarrollado regímenes de empleos complejos sin actividad económica real en el país donde tiene su sede y donde contratan a los trabajadores, pero con actividad en otros Estados miembros de la UE donde realmente prestan sus servicios, utilizando fraudulentamente la figura de los desplazamientos transnacionales u otras figuras de movilidad intracomunitaria para eludir las normas que resultan de aplicación.

Además, el protocolo prevé el intercambio o cruce de bases de datos entre las distintas inspecciones, dentro del respeto a la ley de protección de datos de carácter personal, con el fin de conseguir una mejor localización de posibles bolsas de fraude, en aras de la eficacia de la actividad inspectora. Se impartirán los cursos de formación necesarios entre el personal adscrito a ambas inspecciones, a fin de que cada una de ellas tenga un mayor conocimiento de la documentación que se pueda examinar y desarrollen unas mejores prácticas en el ejercicio de su función.

La coordinación y cooperación entre ambas inspecciones es imprescindible para abordar “un fenómeno tan complejo como es el fraude en sus diferentes manifestaciones, lo que permite desarrollar políticas públicas de prevención y corrección más eficaces”, explicaron.

Con el protocolo, “se da un paso más para la mejora de las condiciones de transparencia y de competencia en el sector del transporte por carretera y en la defensa de los derechos de los trabajadores del sector”, destacaron ambos ministerios.