“Un relajo excesivo de las normas de competencia sería en exceso perjudicial tanto para productores como consumidores. Por ello, las excepciones a la normativa de competencia deben interpretarse siempre de manera restrictiva”, aseguró el organismo en un comunicado publicado este viernes.

No obstante, la CNMC afirmó compartir la preocupación por las debilidades que padece el sector agrario, “que afectan negativamente a la eficiencia del conjunto de la cadena agroalimentaria”.

El Real Decreto solicitado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pretende acometer las principales debilidades del sector, entre ellas, su excesiva fragmentación, escala insuficiente y desequilibrios en el poder negociador.

En este sentido, el ministerio pretende aprobar una legislación orientada a las actuaciones de la Unión Europea, que ha optado por hacer frente a esa situación a través del fomento de las Organizaciones de Productores (OP) y sus Asociaciones (AOP).

Entre otras facultades, las OP y AOP “reconocidas” pueden acogerse a excepciones puntuales de determinados preceptos de la normativa de competencia. Por ejemplo, bajo determinados requisitos, podrían negociar los precios en nombre de todos sus miembros.

INTERPRETACIÓN “RESTRICTIVA”

En este contexto, la CNMC pide interpretar de “forma restrictiva” los supuestos legales de excepción de la normativa de competencia, y orientar el reconocimiento de las OP a la obtención de eficiencias, y no solo al cumplimiento formal de requisitos legales.

Asimismo, el organismo presidido por Cani Fernández pide plantear todas las modalidades posibles de OP y AOP, entre ellas, otras formas de cooperación y gestión empresarial “que pueden generar efectos positivos”.

De igual forma, la CNMC aconsejó fundamentar el plazo mínimo de dos años de pertenencia a la OP, fijar los umbrales del número de miembros y de producción, e incluir mecanismos de seguimiento y evaluación de las medidas.

Por último, la CNMC reclamó mejorar la fundamentación de las medidas y analizar en profundidad el impacto sobre la competencia y sobre la economía española en su conjunto.