El diputado del PP Carlos Rojas defendió la petición de comparecencia en el Congreso del jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, ahora Óscar López pero que habían solicitado por Ivan Redondo “antes de que se fuera de viaje al barranco” y fuera cesado, como responsable del Departamento de Seguridad Nacional.

Rojas criticó que el Ejecutivo esta “preparando una norma sectaria” y que “se aparta del derecho” pero que despierta una “gran inquietud sobre la falta de calidad democrática de las reformas legislativas que está proponiendo este Gobierno en materia de derecho y libertades públicas”.

El diputado popular, que aprovechó la intervención para atacar al Ejecutivo y reclamar incluso elecciones, sostuvo que con esta norma el Gobierno busca, “tras el varapalo” del Tribunal Constitucional por el confinamiento decretado por el estado de alarma, “hacer ley lo que han venido haciendo durante la pandemia”.

Rojas, que avanzó que el PP recurrirá ante el TC esta ley si termina siendo aprobada, dijo que “la idea del Gobierno es archivar nuestras libertades con este tipo de leyes, que no es que sea ideología barata como otras, sino recortes de libertades propio de regímenes totalitarios”.

Con esta ley se busca “movilizar a toda la población cuando les vengan en gana" y "expropiar bienes cuando los estime oportuno”, recriminó.

En una línea crítica muy similar, por parte de Vox, Macarena Olona recordó que han interpuesto 20 recursos ante el TC y hay “otros cinco en cartera” ,y concluyó que el problema no son las leyes, sino que el PSOE se ha convertido en un partido “antisistema”. Además, denunció que piden la comparecencia del que sea competente en esta ley porque bebe de “fuentes chavistas bolivarianas que incluye imposiciones prestaciones propias de regímenes totalitarios”.

El diputado de Unidas Podemos Rafael Mayoral ironizó con que le había gustado que el PP anunciase que recurrirá la norma al TC porque “últimamente se resuelven cosas" de esa manera "que los grupos parlamentarios que hacen bandera de las sentencias han votado a favor”, por lo que terminó pidiendo un “poquito de coherencia”.

“DE OÍDAS”

En contra también de apoyar la comparecencia se mostró el diputado Mikel Legarda, del PNV, que dijo que toca “de oídas” sin haber visto el texto y recordó que la ley de Seguridad Nacional -aprobada por el PP- mandata al Ejecutivo a hacer lo que se está elaborando por parte del Gobierno pero de lo que no hay detalles más que lo publicado en medios de comunicación y, como aun queda trámites, no ve “urgente” esta comparecencia.

Por el contrario, el diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez consideró “más que justificada la necesidad de esta comparecencia” por la “cierta alarma” que ha despertado este texto ante el “desconocimiento” que hay de la norma.

Desde ERC, la diputada Dolors Bassa afirmó que están “en contra de la ley de Seguridad Nacional, una de las leyes mordazas del Estado", y que han pedido en varios momentos su derogación.

Aprovechó para denunciar que el “autodefinido” Gobierno más progresista “todavía no ha sido capaz de derogar ninguna de las leyes mordaza” y, “no solo se sigue aprovechando de ella, sino que están dejando y puliendo las herramientas represivas para que en el futuro gobiernos fascistas con Vox puedan ejercer una represión sin límites", por lo que ERC "no avalará ninguna reforma que no derogue todos los elementos”.

Para cerrar el debate de este tema en la Diputación Permanente, el diputado del PSOE Felipe Sicilia lamentó el “punto de mezquindad” del Partido Popular por “alertar de leyes que aprobaron ustedes mismos” y criticar normas que todavía están en elaboración y buscan "cumplir” con las tareas que ellos incumplieron cuando estaban en en el Ejecutivo.

"No les preocupa este anteproyecto sino cualquier excusa para seguir enfangando el debate político y crispando a la sociedad española”, reprobó el portavoz adjunto del PSOE en la Cámara Baja.