La resolución del pasado 13 de julio sobresee dos querellas, una de ellas presentada por familiares de tres residentes en el centro Los Frailes –gestionado por Aralia–, cuatro de El Encinar-Amavir, uno de DomusVi y tres de Vitalia Home, todos ellos agrupados en Marea de Residencias. La otra denuncia la formularon familiares de 24 mayores de Vitalia Home.

En total, se procuraba dilucidar lo ocurrido con 35 personas que vivían en esas cuatro residencias, de las cuales 29 fallecieron, mientras que otras seis sobrevivieron.

Por una parte, los denunciantes acusaban a los responsables y directores de los cuatro centros de mayores de la comisión de los delitos de homicidio y lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro y prevaricación. Por otra parte, se solicitaban responsabilidades penales contra diversos cargos de la Comunidad de Madrid: la presidenta, Isabel Díaz Ayuso; el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero; y el consejero de Justicia, Enrique López.

La magistrada no aprecia ningún delito después de estudiar los casos de todas las víctimas y considerar “todos los protocolos y resoluciones aprobadas por las distintas Administraciones Públicas para intentar paliar, regular y coordinar la actuación en este tipo de centros”, según se afirma en el auto. De esta forma, se mencionan en el documento 22 resoluciones que perseguían esos objetivos y se analizan los casos concretos de los residentes en función de su situación medica.

“De la historia clínica de todos ellos se desprende que se trataba de personas con importantes antecedentes médicos y patológicos, y que a todos ellos se le prestó la asistencia médica, asistencial, y hospitalaria que las circunstancias permitieron, y adecuada a su situación basal en esos momentos”, expone en la sentencia.

La Audiencia Provincial de Madrid comunicó en el momento de admitir a trámite la querella que Ayuso, Escudero y López no formaban parte de la investigación. No obstante, añade en la resolución que “es la pandemia que nos acecha la que hizo enfermar a estar personas, y no la actuación de los directores de las residencias o de los consejeros querellados de la Comunidad de Madrid”.

Así, achaca la responsabilidad del traslado de los pacientes al Hospital Universitario Severo Ochoa no “a los propios centros asistenciales cuyos directores son objeto de esta querella, sino que se trató de una decisión médica consensuada con el servicio de geriatría”. Era este servicio “quien decidía en última instancia, teniendo en cuenta la situación clínica del paciente a derivar y sus propias posibilidades de ofrecerle tratamiento con visos de serle favorable”.