En este encuentro, además, la Federación reclamará formación obligatoria en materia Lgtbi para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como para los propios miembros del Poder Judicial, con el objetivo de garantizar su adecuada sensibilización y su correcta actuación en el abordaje de los incidentes de odio por Lgtbifobia y facilitar los procesos de denuncia.

“En la legislación actual existe desde 1995 el agravante por Lgtbifobia (Art. 22 Código Penal) pero es de aplicación minoritaria”, explicó la vocal de delitos de odio de Felgtb, Arantxa Miranda. “También existen los delitos que promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél (Art 510, 511 y 512 Código Penal), de interpretación abierta, variable e incluso problemática”, aseguró.

Así, explicó que “es fundamental que para determinar si ha existido el agravante por Lgtbifobia o no tras un incidente violento, tanto los cuerpos policiales como la judicatura tengan en cuenta todos los indicadores de polarización. Para ello es imprescindible que tengan una formación y una sensibilización que les acerque a estas realidades y les permita identificarlos”.

Asimismo, incidió en que “esta formación permitirá que tanto el primer interviniente en la actuación policial, como los que posteriormente lleven la investigación, no obvien pruebas clave, como puede ser un potencial prejuicio atribuido al agresor hacía el colectivo Lgtbi que convierta un delito base en un delito de odio”.

Además, Miranda recordó que, según la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales, en España solo se denuncia el 7% de los incidentes de odio contra el colectivo, mientras que la media europea es del 10%. “La infradenuncia es un problema porque invisibiliza esta realidad y lo que no se nombra o no se cuantifica parece que no existe”, declaró.

En este sentido, aseveró que la formación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad “también es muy importante porque facilitará que las personas agredidas incrementen su confianza en el sistema y que denuncien”. “Además, promoverá que cuando lo hagan, encuentren una respuesta adecuada y no sufran una deslegitimación o una revictimización como, en ocasiones, sucede”, defendió.