En un auto conocido este miércoles, Pedraz requiere a estos seis procesados que presten una fianza solidaria de 40 millones de euros con el fin de garantizar las futuras responsabilidades civiles o económicas a las que pudieran ser condenados.

La resolución del juez, que recoge los escritos de acusación de la Fiscalía y de la Abogacía de la Comunidad de Madrid, señala a la Sala de lo Penal de la Audiencia como el órgano competente para el enjuiciamiento de los hechos y da de plazo hasta el 21 de septiembre a las representaciones de los acusados para presentar sus escritos de defensa.

Se requiere a los acusados y a los responsables civiles, a través de su representación procesal, para que, en el plazo de quince días, manifiesten relación de bienes y derechos de los que sean titulares con la precisión necesaria para garantizar unas futuras responsabilidades civiles o pecuniarias, conjunta y solidariamente por un total de 40.000.000 euros.

Además de Prada, el juez abre juicio oral contra Isabelino Baños Fernández, Mariano José Sanz Piñar, Alicio de las Heras Rodríguez y Andrés Gómez Gordo, en sus respectivas condiciones de director general Técnico, subdirector general Técnico, director Financiero y director de Seguridad del Campus de la Justicia, así como respecto de Félix José García de Castro.

“PLAN CRIMINAL”

El 12 de noviembre del pasado año, el anterior titular del juzgado 5 de la Audiencia, José de la Mata, acordó el pase a procedimiento abreviado por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones pública y malversación de caudales públicos.

De la Mata señaló que los investigados, liderados por Prada, quien en última instancia tomaba todas las decisiones, “se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos de CJM, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo”.

Según explicaba el antecesor de Pedraz, Prada y los directivos investigados “corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación de contratos de CJM, quedando afectada sustancialmente su operativa y los resultados económicos, menoscabando así los bienes jurídicos que tutela el tipo penal de la malversación de los caudales públicos”.

“En este caso no estamos ante autoridades o funcionarios que hayan sustraído para su lucro personal el dinero de la administración en perjuicio del patrimonio público: la conducta aquí perpetrada afecta al sistema de funcionamiento de una entidad pública, que ha resultado deteriorada, dañada y menoscabada, tanto en su imparcialidad, probidad y prestigio, como en su eficacia y en su integridad patrimonial (hasta el punto de haber sufrido perjuicios el erario público de cientos de millones de euros)”, afirmaba entonces el juez.