El análisis del Cermi se centra en las condiciones recogidas en esta normativa europea y nacional, tales como el derecho de acceso a internet. En este sentido, establece que se promoverá el acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio a Internet para toda la población; e indica que los poderes públicos combatirán las brechas digitales en todas sus manifestaciones: territorial, género, económica, de edad y discapacidad.

En relación con el derecho y el principio a la igualdad inherente a las personas, este será aplicable en los entornos digitales, incluyendo la no discriminación y la no exclusión; y se garantizarán la accesibilidad universal de los entornos digitales y el derecho a la alfabetización y a la educación digital, en particular de las personas con discapacidad.

Por otra parte, la Carta establece que, en el marco de cualquier proceso de participación política, pública o privada, llevado a cabo por medios tecnológicos, se deberán garantizar las condiciones de igualdad y no discriminación participativa, así como la accesibilidad.

La Carta también hace referencia a los ámbitos de la educación y la protección de la salud en el entorno digital. Mientras que en la primera se establece que se debe garantizar la accesibilidad universal, promoviendo la formación; en cuanto a la salud, la Carta señala que todas las personas tendrán acceso a los servicios digitales de salud en condiciones de igualdad, accesibilidad y universalidad, así como a la libre elección de la asistencia presencial.

Por último, el informe del Cermi examina los derechos ante la inteligencia artificial. En este sentido, según recoge la Carta, el desarrollo y ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial deberán garantizar el derecho a la no discriminación cualquiera que fuera su origen, causa o naturaleza, en relación con las decisiones, uso de datos y procesos basados en inteligencia artificial, al tiempo que la información facilitada deberá ser accesible y comprensible.