En total, las peticiones son 25, y en ellas se mezclan las registradas antes de la citada remodelación y las cursadas después, hasta el punto de que en una de ellas se pide la comparecencia del ministro de la Presidencia, por el recién nombrado Félix Bolaños, y en otra la de la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, la cesada Carmen Calvo; en una la del nuevo ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y en otra la de “la ministra”, que sólo puede ser la ya exministra Arancha González Laya. A la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se le requiere en una petición intitulándola como vicepresidenta segunda y en otra como vicepresidenta primera, rango al que ha ascendido tras la crisis de Gobierno.

Así, el PP ha pedido expresamente la comparecencia de Sánchez “para explicar el cambio de gobierno”, y la de los nuevos ministros “con ocasión de su reciente nombramiento” y para que expliquen “las líneas generales” de su política en sus respectivas comisiones del ramo.

Tal es el caso de los mencionados Bolaños y Albares; de la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop; de la nueva titular de Ciencia e Innovación, Diana Morant; del nuevo ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; de la nueva responsable de Política Territorial, Isabel Rodríguez; de la nueva encargada de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez; y de la nueva ministra de Educación, Pilar Alegría.

El PP también ha llamado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por agregar a sus competencias las de Función Pública; y al nuevo jefe de gabinete de Sánchez, Óscar López, porque heredará de su predecesor, Iván Redondo, el cargo de responsable del Departamento de Seguridad Nacional. Las peticiones de comparecencia de Sánchez y los nuevos miembros de su Ejecutivo se debatirán acumuladamente en la Diputación Permanente del Congreso.

PETICIONES ANTERIORES Y DECRETOS

Sin embargo, este órgano también tendrá que debatir y votar otras peticiones de comparecencia del PP anteriores a la crisis de gobierno. Por un lado, por la polémica con Marruecos derivada de la “entrada ilegal” en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, los populares quieren que comparezcan la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el propio Albares, que heredará la petición cursada inicialmente para González Laya.

Por otro, por la reforma de la Ley de Seguridad Nacional, pretendían que diera explicaciones Iván Redondo y ahora tendría que hacerlo Óscar López; por temas fiscales relacionados con las comunidades autónomas, quieren que lo haga María Jesús Montero; por los fondos europeos, Nadia Calviño; por el aumento de contagios de coronavirus, la ministra de Sanidad, Carolina Darias; por la sentencia del Tribunal Constitucional contra el relevo en RTVE tendría que comparecer Bolaños como sustituto de Calvo; y por la PAC, el ministro de Agricultura, Luis Planas. El PP también llama al Congreso a la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Cani Fernández.

Una vez formuladas todas estas peticiones, el Gobierno anunció la comparecencia a petición propia de todos los nuevos ministros y los que han cambiado de responsabilidades, por lo que, previsiblemente, acudirán al Congreso en las próximas semanas, quizá una vez que comience el periodo ordinario de sesiones.

La Diputación Permanente debatirá todas estas peticiones una vez haya concluido el pleno extraordinario de la Cámara Baja convocada a las 9.00 horas para debatir y votar la convalidación, antes de que expire el plazo, dos decretos-ley aprobados el 24 de junio por el Consejo de Ministros.

Uno de los decretos es por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua. Otro, por el que se modifica la Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

También se someterán a debate y votación de convalidación el del 6 de julio de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, y el del 13 de julio por el que se regula el arrendamiento de colecciones de bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español por determinadas entidades del sector público y se adoptan otras medidas urgentes en el ámbito cultural y deportivo. Finalmente, antes de dar paso a la Diputación Permanente, el pleno extraordinario del Congreso aprobará cinco dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre acuerdos internacionales.