Estas son algunas de las conclusiones que se derivan del informe de final de curso del proyecto Cole Seguro ‘Un curso escolar atravesado por la pandemia: análisis de la inversión en educación para la adaptación al contexto Covid-19’, elaborado por la Plataforma de Infancia y Political Watch y cuyos principales resultados fueron presentados este lunes en una jornada online por el director de Political Watch, Javier Pérez, y la especialista en Educación de la Plataforma de Infancia, María Rodríguez.

Pérez explicó que los investigadores han “mapeado” los gastos que las comunidades autónomas han hecho para dar respuesta a las necesidades “extraordinarias que la pandemia han hecho surgir en el sector de la educación” y han realizado un diagnóstico de la ejecución de estos fondos por parte de las regiones, para lo cual analizaron en torno a 18.000 contratos, convenios y subvenciones públicas, hicieron seguimiento a 65 plataformas públicas de acceso a información y a más de 50 comparecencias parlamentarias, entre otras fuentes.

Según señaló, la inversión extraordinaria se destinó “prioritariamente” a la adaptación de la educación a los protocolos de lucha contra la Covid-19, con un 72,2% del total de la inversión extraordinaria y 206 euros de media por alumno, mientras que un 16,1% de la misma se dedicó a educación (45,9 euros por alumno) y un 11,6%, a garantizar la equidad educativa (33 euros por alumno).

A este respecto, Rodríguez puntualizó que la planificación durante este curso “no ha priorizado de forma suficiente el bienestar de la infancia y el cumplimiento integral de sus derechos”. “En particular, su derecho al descanso y al esparcimiento se han visto muy limitados por las medidas sanitarias, afectando directamente a sus relaciones sociales”, sentenció.

“No hemos encontrado ninguna evidencia de ejecución presupuestaria relativa a programas de atención psicológica desde los centros educativos durante el curso 2020/2021”, lamentó, para, a continuación, destacar que la planificación del próximo curso escolar debe contemplar partidas “específicas” en torno a este área, además de “restablecer los tiempos y espacios de descanso” para los alumnos en los centros escolares, que juzgó “fundamentales para promover su socialización”.

El informe también hace referencia al desarrollo de la educación digital y advierte de “grandes avances” en este sentido, apoyados por una inversión de 528 millones de euros.

ENCUESTA A FAMILIAS

El informe se ha completado con una encuesta demoscópica a una muestra representativa de familias españolas para conocer su percepción en relación con las medidas adoptadas por las autoridades educativas así como sobre el impacto que las medidas tenían en los niños a través de un sondeo con 2.300 respuestas recogidas entre el 22 y el 28 de junio y que revelan una percepción de “escaso aprovechamiento educativo” durante este curso 2020/2021.

Además, tres de cada cuatro manifiesta que en sus centros escolares se han seguido respetando las medidas Covid-19 impuestas por las autoridades sanitarias hasta el final del curso y hasta un 87% opina que se están tomando medidas en los centros para atender la equidad educativa durante la pandemia, aunque siguen sin ser “suficientes”.

Las familias con rentas más bajas consideran en una mayor proporción que no se han adoptado medidas para garantizar que todos los niños puedan continuar con su educación (15% frente al 8% de familias con las rentas más altas).

Con respecto al cuidado del bienestar de los menores, en el 3% de los centros educativos durante este curso no se pudo salir al patio durante la hora del recreo; un 5% de los niños no pudieron utilizar el espacio de juego en el patio escolar y para un 35% no fue posible relacionarse con personas más allá de sus ‘grupos burbuja’. En este sentido, el 82% de familias cree que las medidas que se han tomado pueden “impactar negativamente” en la salud mental y el bienestar emocional de los niños.

Con respecto a la educación digital, el porcentaje de las que consideran que ha sido buena o excelente ha aumentado del 39 al 56% a lo largo del curso, si bien aún queda “camino por recorrer” en el desarrollo de programas de formación para la adquisición de competencias digitales, especialmente para garantizar la inclusión digital de los colectivos más vulnerables.

INAUGURACIÓN

El acto de presentación del informe contó con la participación del presidente de la Plataforma de Infancia, Carles López, quien precisó que el objetivo de este proyecto, que definió como un proyecto “serio, eficaz y que aporta datos abiertos y fiables a la luz pública” era “encender las luces de nuestro sistema educativo para ver cómo ha reaccionado a la situación post pandémica” y afirmó que entre sus resultados está el de “contribuir al debate público y trabajar conjuntamente en qué educación queremos para el futuro”.

Por su parte, el subdirector de la Oficina del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, Albert Arcarons, reconoció que la pandemia “ha supuesto un factor de estrés” para los sistemas educativos que, en el caso de España partía, además, de un “escenario de desigualdad”, que, a su juicio, se ha visto “magnificada” por la crisis y el confinamiento.

“En esta crisis se ha puesto de manifiesto la importancia de la educación presencial para no dejar a ningún estudiante atrás”, agregó, al tiempo que aseveró que España es uno de los países que “mejor ha garantizado” esta modalidad, terminando el segundo trimestre con el 99,6% de las aulas abiertas, convencido de que en el nuevo escenario de reconstrucción la “intención” del Gobierno es realizar una “inversión récord” en educación para “contener el incremento de la desigualdad educativa en nuestro país”.