Según un informe realizado por el Ministerio Público, se trata de una mercantil que, tras ser inspeccionada en dos ocasiones por agentes de la Guardia Civil, se pudo comprobar que incumplía la normativa de retirar los fluidos y gases de los aparatos de aire acondicionado en los vehículos que ya habían sido retirados de la circulación.

La sociedad comenzó sus operaciones el 13 de marzo de 2018, y durante dos años tuvo administradores solidarios, hasta que el hijo de ambos se convirtió en administrador único. No obstante, la denuncia alude a la inspección que realizó la Guardia Civil el 22 de enero de 2019, un año después de su creación, a la empresa que gracias a la concesión de una autorización ambiental podía dedicarse al ejercicio de dicha actividad.

La inspección se llevó a cabo en el marco de una operación en la que se estaban investigando diferentes centros autorizados por la Comunidad de Madrid para el tratamiento de estos vehículos, ante las sospechas de que pudieran estar cometiendo irregularidades en los procedimientos de valorización de gases fluorados que poseen los vehículos con instalaciones de aire acondicionado.

La normativa vigente impone la obligación a los gestores de descontaminar los vehículos, un proceso que lleva incluida la obligación de retirar los fluidos y gases de los aparatos de aire acondicionado por personal cualificado.

La Guardia Civil examinó las instalaciones de la sociedad donde se inspeccionaron, conforme a lo que se explica en el documento, de forma “aleatoria” 94 vehículos de los aproximadamente 450 que en ese momento se encontraban depositados en la campa de las instalaciones “y que supuestamente habían sido ya descontaminados”.

Pese a ello, los agentes detectaron que una parte de tales vehículos tenía una presión superior a dos bares, “con lo que puede concluirse que no se habían descontaminado los vehículos o que la descontaminación se había hecho incorrectamente, generando con ello un peligro de emisión de gases a la atmósfera”, expone la Fiscalía.

El 24 de febrero de 2021 se llevó a cabo una nueva inspección en las instalaciones durante la cual se pudo comprobar en primera instancia que de los siete vehículos que se encontraban en la zona de recepción, y que no habían sido por tanto sometidos aún a ningún tipo de tratamiento de descontaminación, cuatro de ellos contenían gas refrigerante, dos se encontraban vacíos, y uno se encontraba también en estas condiciones, pero con el sistema de refrigeración afectado por una colisión frontal.

Tras constatar que el centro poseía dos puntos para llevar a cabo los tratamientos de descontaminación, se procedió a monitorizar el proceso de descontaminación de dos de los cuatro vehículos que sí contenían gas, cada uno de ellos en uno de los citados puntos. En ambos casos se comprobó que el proceso de descontaminación no se realizó de forma correcta y completa, “sin efectuar comprobación alguna de que el gas había sido efectivamente extraído y sin realizar cuantas extracciones resultasen necesarias hasta que no quedara gas en el interior del circuito”.

Finalmente, se inspeccionaron con el mismo procedimiento y en el mismo lugar otros cincuenta vehículos supuestamente descontaminados. Se comprobó que 32 seguían conteniendo gas en el circuito de aire acondicionado, en la mayor parte de los casos con una presión superior a dos bares.