Así lo denunció el colectivo, que colabora bajo el nombre Long Covid Acts, en un comunicado en el que abogó por establecer prórrogas que les permitan recuperarse mientras avanza la investigación de tratamientos eficaces o, en los casos que lo permitan, incorporaciones “paulatinas” a sus puestos de trabajo.
Los afectados puntualizaron que la “mayoría” de estas personas, alrededor de 500.000 en España, sufren “serios síntomas persistentes”, hasta 200 contabilizados, y que se han unido para visibilizar ante el departamento de Escrivá la situación de “desamparo” en la que, a su juicio, se encuentran estos pacientes a la hora de superar el examen de los tribunales del INSS.
“Hemos podido comprobar serias inequidades en la atención a los afectados de Covid-19 persistente a la hora de valorar prórrogas de 180 días o de dictaminar altas”, advirtió el colectivo, que ha enviado cartas al Ministerio de Seguridad Social en las que critica unas prácticas que ve “injustas y discriminatorias” y que, según su criterio, “no hacen más que agravar la situación” de estos pacientes.

“Se están dando altas sin consultar los informes elaborados por los médicos de Atención Primaria que han atendido a los pacientes a lo largo de los últimos 15 meses y conocen toda su sintomatología a la perfección, ni los de especialistas que les han ido valorando, o, incluso, sin ni siquiera pasar de manera presencial por los tribunales del INSS”, denunció el colectivo.
UNIFICACIÓN DE CRITERIOS
En este punto, el colectivo solicitó una “unificación urgente” de criterios administrativos para evitar estas “inequidades” en la resolución de las bajas laborales y reclamó que las inspecciones “se cumplan en todos los casos de manera presencial”.
Junto a ello, reivindicó la aplicación de bajas “ajustadas a la enfermedad, bajo un código específico de Covid-19 persistente”. “Se trata de una patología multisistémica y así ha de tratarse por parte de la sanidad pública”, sentenció, convencido de que la Covid-19 persistente “no permite retomar la vida social, familiar y laboral de forma total” y de que cualquier “sobreesfuerzo” puede derivar en un “empeoramiento drástico” de los síntomas que provoque recaídas e impida realizar las actividades de la vida diaria.

Por ello, también recomendó la reducción y flexibilización del horario de los afectados en el caso de las altas, así como el teletrabajo en los oficios que lo permitan y la adaptación del puesto de trabajo para las actividades más físicas.
“Entendemos que el abordaje de esta nueva enfermedad tiene que darse de manera integral, ya que, de un problema sanitario, se ha convertido también en un problema social y laboral que las autoridades responsables deben resolver sin demora, porque nuestros derechos nos amparan”, resolvieron los afectados, al tiempo que subrayaron que a la “mayoría” se les está “negando” su derecho a ser curados y rehabilitados y se les “devuelve” a sus puestos de trabajo "enfermos y sin apoyo de ningún tipo”.