Según informó el Ministerio de Interior en un comunicado, la Policía Nacional en una operación conjunta con la Agencia Tributaria, y en colaboración con la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude, desarticularon la organización más activa dedicada a la importación y tratamiento ilegal de gases fluorados.

En el operativo se detuvo a cinco personas como presuntos miembros de un complejo entramado empresarial dedicado a la importación, comercialización y distribución irregular de toneladas de gases, que empleaban para la refrigeración.

La organización realizaba esta actividad incumpliendo la normativa comunitaria, ya que carecían de la cuota obligada, provocando la emisión de toneladas de gases a la atmósfera sin autorización. Esta cuota, el límite de gases que puede importar un importador en un año, está establecido por la UE para cada país y se fija como medida de protección del medio ambiente.

Se trata de la mayor operación a nivel europeo contra el fraude de gases de efecto invernadero, con la intervención de más de 27.000 kilogramos de gases fluorados, que tenían un valor de mercado superior a 250.000 euros. Además, se descubrieron más de 180.000 kilogramos, con un valor superior al millón de euros.

La investigación comenzó a partir de las inspecciones practicadas en dos naves industriales de empresas ubicadas en la localidad ciudadrealeña de Almagro y en el municipio madrileño de Campo Real, al tener conocimiento de la descarga de dos contenedores de botellas de gases fluorados importados sin cumplir los requisitos establecidos. En total, se intervinieron 2.126 botellas, equivalentes a más de 27.000 kilogramos de gases fluorados.

Igualmente, se hallaron 1.068 botellas vacías en un patio exterior, algunas de ellas prohibidas por la Unión Europea, con independencia del gas contenido. Por último, se localizó un número indeterminado de botellas seccionadas por la mitad. Además de lo anterior, se observaron diferentes irregularidades de naturaleza administrativa relacionadas con la manipulación de recipientes, el etiquetado y repintado de botellas y la gestión de residuos, entre otros.

Tras avanzar en la investigación, se determinó que el modus operandi del grupo criminal consistía en la creación de empresas a nombre de testaferros que desde el año 2018 importaba gases fluorados de China, eludiendo los controles aduaneros mediante la declaración en los documentos de una partida arancelaria. Posteriormente, una vez en los almacenes de Almagro y Campo Real, se distribuían los gases fluorados mediante una empresa de logística a clientes de España, Alemania, Francia, Portugal y Senegal.