Según informó este miércoles la Policía, las investigaciones comenzaron a principios del año 2021, tras recibirse una denuncia de la Tesorería de la Seguridad Social sobre irregularidades de varias empresas ubicadas en Las Palmas.

Los empresarios de las sociedades investigadas no abonaban sus propios seguros sociales ni de sus trabajadores, incrementando así el margen de beneficio en la actividad mercantil y el consiguiente perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social.

En el análisis patrimonial de las empresas y sus administradores, se comprobó que, en todos los casos, se pretendía eludir el pago de la deuda y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, creando una sucesión empresarial que ocultaba los beneficios y bienes de las sociedades investigadas. A pesar de carecer de bienes a su nombre, en sus cuentas bancarias ingresaban elevadas cantidades de dinero sin utilizarlo para reducir las deudas generadas.

FRAUDE CON GRUPOS MUSICALES

Los agentes han podido determinar la participación delictiva de 14 personas físicas, siendo principalmente los administradores de hecho de las empresas, sus testaferros o personas interpuestas, así como familiares de los primeros, siéndoles imputados los delitos contra la seguridad social (fraude de cotizaciones) y frustración de la ejecución.

Una sociedad cooperativa dedicada a espectáculos musicales infringía los principios generales de este tipo de sociedades al no tener cooperativistas y dar de alta a trabajadores en el Régimen General. Únicamente realizaban la facturación de sus actuaciones musicales de grupos externos a la cooperativa, cobrándole un importe superior a 60 euros mensuales a cada músico por este servicio.

Cuando la sociedad se vio asolada por la deuda contraída con la Seguridad Social, traspasó tanto la actividad como los trabajadores a una empresa unipersonal a fin de dificultar los distintos embargos iniciados por el organismo público, distrayendo sus bienes y ocultando su situación real.

La Seguridad Social inició sendos expedientes de derivación de responsabilidad solidaria de la deuda de la sociedad cooperativa a los integrantes del Consejo Rector de la misma, estos presentaron un certificado que les desvinculaba de la dirección de la mercantil que se demostró no válido por el Registro de Cooperativas de Canarias.