Este acuerdo, suscrito entre el departamento dirigido por Teresa Ribera, la Confederación Hidrográfica del Ebro y las comunidades autónomas de Aragón y Navarra, busca la protección de este molusco.

La náyade auriculada, también conocida como margaritona, es uno de los moluscos de agua dulce más escasos en España. En la actualidad se encuentra presente únicamente en la cuenca del río Ebro y en cuatro de sus comunidades autónomas (Aragón, Cataluña, La Rioja y Navarra).

La especie ha visto disminuir sus poblaciones de forma drástica desde principios del siglo XX. Por esta razón, se encuentra incluida en la categoría 'en peligro de extinción' dentro del Catálogo Español de Especies Amenazadas y declarada 'en situación crítica' por una orden de 2018, que declara de interés general las obras y los proyectos encaminados a su recuperación.

El convenio articula la colaboración entre los distintos organismos implicados en actuaciones para la conservación de la náyade. La medida más destacable es la creación de un centro de cría y recuperación de la 'Margaritifera', una vez que las técnicas de reproducción 'ex situ' se han ido perfeccionando gracias a investigaciones desarrolladas a lo largo de la última década.

ACTUACIONES EN FAVOR DE LA ESPECIE

Para ello, Transición Ecológica realizará las actuaciones necesarias para la construcción del centro y procederá a la contratación o encargo a medio propio de los trabajos de redacción de proyecto y edificación del complejo. Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Ebro se compromete a aportar los terrenos e infraestructuras necesarias para llevar adelante la obra.

España trabaja desde 2007 en la protección de la náyade auriculada a través de una estrategia para su conservación. Este documento recoge las líneas básicas de actuación y medidas para la conservación de la especie y sirve como exponente de las actuaciones que las diferentes Administraciones públicas están llevando a cabo de forma ininterrumpida a favor de la especie y, por otra parte, como referente para elaborar o revisar los planes de recuperación de las comunidades autónomas.

Su objetivo es promover las acciones necesarias para disminuir significativamente su elevada probabilidad de extinción, así como detener e invertir el actual proceso de regresión de la especie controlando sus amenazas.