En un comunicado, el sindicato se refirió en concreto a los resultados extraordinarios de minoración de pagos fraccionados por 4.487 millones de euros, que según la propia Hacienda "serán de difícil repetición en otros ejercicios", y en los que los técnicos ven “un intento de maquillar los resultados para dar una imagen de eficacia que no se corresponde con la realidad”.

Para Gestha, que señaló que preveía una cierta caída de las cifras de recaudación por culpa de la pandemia, el resultado “es más que elocuente sobre la necesidad de dotar a los técnicos de más competencias y responsabilidades a la hora de luchar contra el fraude fiscal”.

En este sentido, recordó su "descontento y decepción porque Hacienda rechazara sin una justificación las propuestas de transacciones de los grupos parlamentarios para hacerlo, teniendo en cuenta que representan el 83% de los funcionarios del grupo A en las áreas funcionales y sus competencias están limitadas a la comprobación tributaria de los trabajadores, autónomos y pequeñas empresas”.

Asimismo, Gestha reclamó la información de las denuncias por delito fiscal, “que acumulan años de descenso considerable”, y considera importante y necesario esclarecer las cifras correspondientes al año 2020, por lo que no entiende “que se hayan omitido”.

Por otra parte, el sindicato pidió al Gobierno que aclare qué parte de la reducción de la deuda pendiente de cobro en un 2% es atribuible a los pagos realizados por los deudores y qué porcentaje se debe a insolvencias definitivas y a anulaciones de los Tribunales.

En este contexto, el sindicato de técnicos considera que la nueva ley contra el fraude fiscal “no reducirá la economía sumergida porque no incorpora medidas de organizativas para que se asegure su aplicación”, y afirma que “es menos ambiciosa que la Estrategia 2050, que prevé situar la economía sumergida en el equivalente al 15% PIB en 2030”.