Así lo afirma la a compañía energética en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón haya declarado como investigadas a Repsol y CaixaBank por, presuntamente, haber encargado al excomisario José Manuel Villarejo que espiara al presidente de Sacyr, Luis del Rivero, y su entorno.

Según un auto conocido este jueves, García Castellón, que ha tomado esta decisión en el marco de la 'operación Tándem', acusa a la empresa energética y a la entidad bancaria de los delitos de cohecho y revelación de secretos.

Repsol recuerda además que su Consejo de Administración, el pasado 21 de abril, tras las correspondientes reuniones monográficas de la Comisión de Auditoría y Control, de la Comisión de Nombramientos, y de los consejeros independientes, confirmó que no se apreciaba evidencia alguna de conductas contrarias al Código de Ética y Conducta de la compañía ni de conducta ilícita por ningún consejero, directivo o empleado, actual o pasado, de Repsol.

Por otro lado, lamenta que el auto del Juzgado Central número 6 ha sido adoptado sin haber tomado declaración como testigo al Chief Compliance Officer de la Compañía, Enrique Hernández, a pesar de las reiteradas peticiones en tal sentido.

Por todo ello, asegura que en el ejercicio de su derecho de defensa, demostrará que ni hubo incumplimiento ni infracción de norma alguna en la contratación de Cenyt y que ni era posible conocer que ninguna persona relacionada con esa compañía tuviese la condición de funcionario en activo, puesto que se había permitido y ocultado ex profeso dicha condición por quienes tenían la capacidad para hacerlo.

A continuación, anuncia que en defensa de su reputación corporativa, del interés social entendido como el que afecta a la propia compañía, a sus accionistas, a sus empleados y colaboradores, clientes y proveedores, Repsol adoptará cuantas actuaciones sean necesarias en el ámbito del procedimiento en el que se la investiga, colaborando sin restricción con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos.

Por último, advierte de que “en la misma defensa de su interés social, se reserva el ejercicio de cuantas acciones sean procedentes en Derecho para exigir las responsabilidades que puedan corresponder a quienes, en dejación de sus funciones públicas de supervisión y vigilancia, propiciaron o permitieron la actuación de Cenyt y a quienes, en el ámbito privado, utilizan el procedimiento penal en la persecución de su beneficio particular.