Argumentaron que este artículo establece por primera vez la responsabilidad jurídica de las plataformas tecnológicas cuando en ellas hay tráfico de contenidos digitales. En su opinión, la forma en que ha sido redactado, “con un carácter cuasi legislativo” parece querer otorgarle “un carácter mayor al habitual”, de esta forma, sugirieron que la Comisión estaría “extralimitándose” en sus competencias.

Asimismo, especificaron que el documento está “lleno de conceptos jurídicos indeterminados, encadenados unos con otros, que hacen imposible su implementación, creando una gran inseguridad jurídica”.

A este respecto, las organizaciones consideraron que a la hora de poner en marcha una nueva regulación sobre un derecho, es preciso crear la “máxima claridad y seguridad jurídica posible” y es que, en su opinión, la guía sobre el artículo 17 “no mejora la interpretación de ese precepto concreto”.

Es por ello que las organizaciones sostuvieron que la Comisión “no está siendo neutral” en el proceso y añadieron, con base en un análisis filológico, que esta “exige más obligaciones y condiciones a los titulares del derecho que el que se les exige a las plataformas. Incluso crea derechos que no existen en el texto literal de la directiva”.

Por este motivo, las organizaciones pusieron de manifiesto que confían en que la Comisión rectifique y retire la guía enviada a los países, de manera que se consiga una transposición de la directiva europea sobre derechos de autor en el mercado único digital que garantice “adecuadamente” los derechos de propiedad intelectual.