Según la nota de prensa emitida por la Policía Nacional, la investigación comenzó a finales de 2019 a raíz de la interposición de una denuncia por parte de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros (Asnef) en la que se decía que se publicitaban por medio de varias páginas web bien posicionadas y ofrecían servicios de gestión de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO) en los diversos ficheros de solvencia patrimonial y de crédito existentes.

Se ofrecían esos servicios de forma aparentemente gratuita, lo cual no era tal y en realidad se engañaba a los usuarios para efectuar numerosas llamadas a líneas de elevado coste. Ello ha supuesto un gran perjuicio económico para las víctimas de esta estafa y un elevado lucro económico fraudulento para las personas responsables del negocio ilegal.

Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía en sus pesquisas dieron con la empresa que estaba detrás de la web investigada que usaba las marcas registradas del denunciante Asnef. De tal modo, se ofrecía una apariencia de credibilidad y legalidad para hacer creer a los usuarios que se encontraban frente a quien buscaban verdaderamente, a los propietarios de los ficheros de solvencia patrimonial.

ALARGABAN LAS CONVERSACIONES

El rol que ocupaba la entidad desarticulada operaba como un intermediario entre los ficheros de solvencia patrimonial y de crédito y los usuarios. Realmente, esa es una gestión que se efectúa de forma gratuita y solo la pueden realizar los agentes habilitados.

Su ‘modus operandi’ para obtener el mayor rédito económico se basaba en mantener el máximo tiempo posible a los usuarios al teléfono –30 minutos, lo permitido por la ley– por medio de reiterados silencios y la presunta realización de gestiones que al final no se hacían. Dicha actuación no era sino una forma de alargar las llamadas superfluamente para su beneficio económico. Incluso, se ha concluido mediante los registros de los agentes policiales que los presuntos estafadores poseían guiones que utilizaban los teleoperadores para mantener a los usuarios damnificados el mayor tiempo posible al teléfono.

Asimismo, indicaban a los clientes que el proceso era gratuito y subvencionado y que la duración media de la llamada era de 5 minutos. Se ponían obstáculos por parte de los investigados para solucionar las consultas y los usuarios se veían obligados a llamar de nuevo varias veces sin recibir ninguna respuesta útil causándoles un gran perjuicio económico.

Según las indagaciones desarrolladas por la Policía, se calcula que, mediante varias empresas pantalla y algunos testaferros, los investigados por este ‘call center’ fraudulento habrían obtenido en 2019 vía números de tarificación adicional más de 700.000 euros.