Estas son algunos de los resultados de las entrevistas individualizadas que Save the Children está realizando en los espacios temporales de acogida para identificar situaciones de vulnerabilidad entre los menores llegados a la ciudad autónoma el pasado mes de mayo.

La ONG ha atendido hasta la fecha, y en colaboración con la Dirección General de Infancia y Adolescencia (DGIA) de Ceuta, a 135 niños y 85 niñas, la mayoría de los cuales tienen Marruecos como país de origen y están acogidos en el centro de Piniers, mientras que 11, oriundos del África subsahariana, se encuentran en el Pabellón Santa Amelia.

En todo este proceso, ha remitido al Área de Menores de Ceuta, la institución que tiene la tutela de los menores no acompañados, 41 perfiles vulnerables con problemas médicos que requieren atención especializada. A su vez, 13 ya han manifestado su voluntad de solicitar asilo.

Los menores llegados a Ceuta tienen entre 12 y 17 años, y en su mayoría, han sufrido explotación laboral, el rechazo de sus familias o persecución en sus países de origen por su orientación sexual. En el caso concreto de las niñas y adolescentes, reconocen que han huido del matrimonio forzoso, la violencia de género o el abuso sexual en el entorno familiar.

En ese sentido, la directora de Incidencia Social y Política de Save the Children, Catalina Perazzo, apeló al “deber de escuchar a los niños, las niñas y adolescentes migrantes que se encuentran en Ceuta para asegurarnos de que su situación personal y sus necesidades sean escuchadas y sirvan como punto de partida de las decisiones que les conciernen”.

Save the Children destacó que todavía se desconoce la cifra total de menores que llegaron a Ceuta entre los días 17 y 18 de mayo, así como el número de los que siguen viviendo en las calles. El único dato disponible procede de la Policía de Ceuta, que ha registrado 1.108 hasta el momento.

Por ello, mostró su “especial preocupación” por la infancia y la adolescencia que sigue fuera de los sistemas de protección, sin ningún tipo de recurso económico o amparo de una persona adulta.

Esta ONG prosigue manteniendo reuniones con las organizaciones e instituciones responsables de la protección de estos menores para conocer los protocolos y las condiciones de los espacios de atención a la infancia migrante. También trabaja con las distintas administraciones para velar por los derechos de los niños, las niñas y adolescentes que salen de sus países en busca de un futuro mejor.

Esto le sirvió para reclamar un mecanismo de reparto interterritorial en España y en Europa para equilibrar responsabilidades entre las comunidades autónomas y los países fronterizos.

Al mismo tiempo, consideró necesario el desarrollo de un plan de emergencia a nivel estatal que proporcione recursos económicos y humanos al sistema de protección ceutí mientras no se realizan los traslados pertinentes, agilizar los trámites administrativos, asegurar la derivación de los menores a recursos de acogida en condiciones adecuadas y garantizar que todos los nuevos centros dispongan de profesionales especializados.