La asociación asegura que la que denomina ‘ley de la banana’ les ocasionará pérdidas en ventas de 100 millones de euros anuales.

Asprocan explica en un comunicado que la denuncia en Bruselas es la “última salida” que le queda para conseguir la “supervivencia del sector”, después de transcurrido un año en el que ha venido reclamando al Ministerio de Agricultura que el plátano de Canarias se exceptuara de ciertos preceptos de esta ley.

En concreto, Asprocan rechaza varios artículos que impiden que los productores puedan, entre otras cosas, negociar libremente el precio de venta de su fruta, con el objetivo de poder competir con la banana de terceros países, cuyos precios en el mercado español son los más bajos de toda Europa, debido a la política comercial de las multinacionales bananeras, así como a una normativa laboral, medioambiental, social y de seguridad alimentaria con menores garantías que las europeas.

Es una competencia, afirma la asociación, que está dominada por un pequeño grupo de multinacionales que controlan el mercado mundial y a las que, además, no se les exige cumplir con esta misma Ley de la Cadena. “Una discriminación positiva para la banana inexplicable que convierte a esta ley en ‘la Ley de la banana’”, aseguran en la nota.

Además, Asprocan se queja de que la ley “no se aplica al conjunto completo de la cadena alimentaria”, desde el campo hasta la distribución y venta al consumidor. Los puntos de venta quedan fuera de la ley, advierte, y es ahí donde los productores piden “reequilibrar” los márgenes que se aplican y que se traducen en precios al consumidor muy elevados (en ocasiones con ‘sobre márgenes’ que pueden llegar hasta el 300% sobre el precio del plátano de Canarias en origen, mientras que la banana se vende en muchos momentos a precio de coste).

CONFIANZA EN PLANAS

Después de la visita a la isla de La Palma, el pasado 14 de mayo, el ministro, Luis Planas, se comprometió con los productores a trabajar de forma conjunta con Asprocan para dar respuesta a las necesidades de los productores de plátano.

“Tras semanas de intercambios de propuestas entre el sector y el Ministerio de Agricultura, y cuando apenas quedaba afinar detalles, el Ministerio comunicó por sorpresa su renuncia a cualquier acuerdo, de tal forma que a día de hoy el Gobierno de España no ha presentado ninguna enmienda relativa al plátano”, señala Asprocan. “15.000 familias que viven del cultivo de plátano confiábamos en que el ministro Planas cumpliera”, afirma Domingo Martín, presidente de la entidad.

Ahora, con la denuncia en Bruselas, uno de los escenarios que se abre es que la institución europea inste a que España busque una solución coordinada para corregir la situación del sector específico del plátano. Otra posibilidad podría pasar porque la Comisión Europea eleve el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJE) de Luxemburgo.