Se trata, asegura Transportes, de una propuesta “que cumple escrupulosamente los acuerdos firmados y que tiene como gran objetivo acabar con la subidas abusivas, contener rentas y conseguir bajar alquileres”.

El documento detalla el mecanismo y los requisitos para declarar una zona tensionada, así como las medidas fiscales propuestas para favorecer el alquiler asequible de viviendas.

“La implementación de las medidas fiscales anteriores pueden tener un impacto muy positivo en el mercado de la vivienda en alquiler de los ámbitos tensionados, pero cabría establecer un mecanismo adicional que, excepcionalmente y acotado en el tiempo, pudiera intervenir en el mercado para amortiguar dicha tensión y conceder a las administraciones competentes el tiempo necesario para poder compensar en su caso el déficit de oferta o corregir con otras políticas de vivienda las carencias de esas zonas”, dice el Ministerio en el documento.

Ese mecanismo, precisa, debe tener en cuenta que la responsabilidad en la garantía del derecho constitucional del acceso a la vivienda corresponde a los poderes públicos. También debe tener “la suficiente solidez técnica y seguridad jurídica para su permanencia en el tiempo” y “no producir efectos indeseados de reducción drástica de la oferta que puedan producir efectos de expulsión de las familias contrarios a los buscados”.

Además, recuerda que “los índices de precios publicados por el Ministerio y por otras administraciones que los han implementado se han demostrado poco eficaces para el objetivo que se pretende conseguir”.

El departamento de Ábalos subraya que el compromiso con Unidas Podemos consiste en impulsar “las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado”, y para cumplirlo es importante “que la regulación responda a este objetivo de una manera directa y asegure el efecto más favorable sobre la oferta de alquiler a precios asequibles, evitando que se produzca el incremento abusivo de la renta, se favorezca el acuerdo entre las partes, y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler”.

Por todo ello, precisa que la regulación debe aplicarse en el momento en el que finaliza la prórroga obligatoria o tácita de los contratos de arrendamiento de vivienda, ya que la normativa impide actualmente que a lo largo de la duración de un contrato (5 o 7 años) se produzca una subida superior al IPC, tratándose de una medida excepcional condicionada a la vigencia de la zona de mercado residencial tensionado.

El documento incluye un apartado sobre “medidas de ayudas a colectivos vulnerables en materia de vivienda”. Así, “como complemento para garantizar la solución habitacional a las personas vulnerables, se establecerá la aplicación prioritaria del Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, del Plan Estatal de Vivienda”.

Ese programa, recuerda, permite a las comunidades autónomas proporcionar una solución habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables, con ayudas de hasta 900 euros al mes, más 200 euros al mes adicionales para gastos de suministros o servicios de la vivienda. “Las CCAA deberán atender a la totalidad de solicitudes que cumplan los requisitos de vulnerabilidad que se establezcan para este programa”, añade.