Los concursos podrán aplicar criterios que fomenten la generación de riqueza y empleo en las zonas donde se ubiquen las instalaciones (respaldados por avales y sanciones por incumplimiento), así como el respeto del entorno natural y el paisaje.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó el pasado 2 de junio las especificaciones de detalle para determinar la capacidad de acceso de generación a la red de transporte y distribución, culminando con ello el nuevo marco normativo sobre el acceso y conexión.

Aplicando dichas especificaciones, Red Eléctrica de España, en tanto que operador del sistema, ha remitido al Ministerio un informe en el que se identifican 175 nudos de la red de transporte, todos ellos en el sistema eléctrico peninsular, en los que ha aflorado una capacidad superior a 100 megavatios (MW) y existe suficiente demanda previa de capacidad de acceso.

Transición ha acordado celebrar concursos de capacidad en dichos nudos, que se materializarán en un plazo de 10 meses. Además, en el caso de que aflore nueva capacidad en ellos, ésta se reservará para los procedimientos de concurrencia competitiva y no podrá otorgarse siguiendo el procedimiento de prelación temporal de las solicitudes.

El Real Decreto de acceso y conexión a las redes eléctricas contempla la celebración de estas subastas aplicando criterios temporales que prioricen los proyectos más maduros, para acelerar la penetración de renovables; criterios relativos a la tecnología de generación y su integración en el sistema eléctrico, al objeto de facilitar la gestión del mismo; y criterios de I+D+i en el caso de centrales menores de 30 MW, para potenciar la innovación.

Un reciente Real Decreto-ley ha introducido la posibilidad de establecer otros criterios de adjudicación, de carácter socioeconómico y ambiental, ligados al ámbito local.

Así, se considerará la generación de empleo, el impacto en la cadena de valor industrial o la participación de inversores, empresas y administraciones. Además, se valorará la existencia de mecanismos para reinvertir los beneficios en la zona donde se levanten las instalaciones, será obligatorio depositar una garantía financiera que respalde esta reinversión y se penalizará el incumplimiento del compromiso.

Asimismo, se tendrá en cuenta el eventual impacto ambiental de las instalaciones aplicando una puntuación en función del grado de afección y considerando la clasificación de la ‘Zonificación ambiental para la implantación de energías renovables: eólica y fotovoltaica’ elaborada por el Ministerio.

Esta medida es adicional a los estudios de impacto ambiental exigidos durante la fase de tramitación de los proyectos. Con ello, El Ministerio quiere aumentar la protección del entorno natural y la diseminación de riqueza que producen las renovables, beneficiando especialmente a las poblaciones que ofrecen sus capacidades endógenas y contribuyendo con ello a afrontar mejor el Reto Demográfico.