El principio de acuerdo fue avanzado por los sindicatos CCOO y UGT, y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones también informó de que la mesa de diálogo social en la que están Gobierno y agentes sociales reunida hoy “ha concluido con un texto, que debe ser ratificado por los órganos correspondientes de los interlocutores sociales” y que recoge las recomendaciones del Pacto de Toledo y las reformas comprometidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

“El acuerdo se formalizará una vez que los órganos correspondientes de los agentes sociales lo ratifiquen”, señaló el Ministerio. De hecho, el comité ejecutivo de CEOE se reunirá mañana, a las 18.30 horas, para votarlo, mientras que los órganos de los sindicatos ya han dado su respaldo.

CCOO y UGT indicaron en un comunicado conjunto que el preacuerdo alcanzado entre todas las partes contempla que las pensiones se actualizarán con “una nueva fórmula” ligada al IPC medio “que garantiza plenamente el mantenimiento del poder adquisitivo” y que “se deroga también el Factor de Sostenibilidad, que suponía la minoración de la pensión inicial en relación a la evolución de la esperanza de vida”.

Las centrales valoraron que “de este modo, se devuelve el sistema de pensiones a la garantía de la suficiencia de las prestaciones tanto de los actuales pensionistas como para los futuros jubilados” y “supone la derogación de la reforma de 2013”.

Los sindicatos apuntaron que “se reducen de forma generalizada los coeficientes reductores”, se da “mayor equidad a las reglas de jubilación anticipada” para las que son voluntarias y las involuntarias y “se amplían los derechos de jubilación en varias modalidades”. Se iguala en este marco los derechos vinculados a los periodos de servicio social femenino obligatorio al que ya disfrutaban los del servicio militar.

De igual forma, expusieron que el acuerdo “refuerza el sistema de incentivos para garantizar la adecuación voluntaria de la edad efectiva y legal de jubilación”.

Sobre la financiación, CCOO y UGT informaron de que se incluye en la Ley General de Seguridad Social una cláusula para garantizar transferencias anuales desde los Presupuestos Generales del Estado a la Seguridad Social del entorno del 2% del PIB, con lo que “se culmina” la separación de fuentes de financiación y “se garantiza desde ahora mismo cerca de la mitad del incremento de financiación adicional que se prevé que necesitará nuestro sistema de pensiones para el año 2050”.

Por otra parte, las líneas avanzadas por los sindicatos una vez cerrado el acuerdo incluyen la equiparación de la pensión de viudedad para las parejas de hecho, la extensión del derecho a cotización por todos los programas de formación (becas) vinculados a estudios universitarios o de formación profesional tengan o no carácter remunerado, o la mejora de los convenios especiales de cuidadores familiares de personas en situación de dependencia, entre otros.