Lo hizo en una entrevista en TVE recogida por Servimedia respecto de las movilizaciones de algunos colectivos feministas contra esta norma que, a su juicio, supone “un retroceso en la protección” de los derechos de las mujeres, y en las que se ha llegado a pedir su dimisión.

La titular de Igualdad comentó que “en toda aprobación de leyes de este calado, que cambian tanto las vidas de las personas, hay fricciones y diferencias, pero lo importante para las personas trans es que hemos cumplido con el acuerdo de gobierno”.

A su vez, hizo suyas las palabras de la comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, para atestiguar que “la lucha por los derechos Lgtbi no es una lucha contra el feminismo, sino que converge con ella”, lo que le permitió aseverar que “esta es una ley feminista, porque garantiza los derechos del colectivo Lgtbi”, dentro del cual hay muchas mujeres.

Irene Montero comentó que “en todas las leyes nos hemos encontrado con procesos de debate y movilizaciones y, al cabo de los años, la realidad se ha impuesto”. Por ello, auguró que con la ‘ley trans’ pasará lo mismo que con la del matrimonio igualitario, y “dentro de unos años nadie se reconocerá” rechazándola.

Por su parte, la titular de Igualdad proclamó que “mañana va a ser un día histórico, porque con esta ley seremos un país mejor”, ya que se “dejará de tratar como enfermos y haremos dueños de su vida” al colectivo trans, cuya realidad es “jodida” actualmente.

Añadió que España dará un “paso de gigante” con el desarrollo de esta normativa, ya que “una sociedad libre es una sociedad mejor, también para quien no hace uso de esos derechos”.

Por último, Irene Montero se refirió a una de las cuestiones que más debate y discusión ha provocado en el seno del gobierno de coalición, y que más polémica ha provocado a nivel social: la autodeterminación de género. Este concepto supone que es suficiente con la voluntad de una persona para cambiar el nombre y el sexo en el DNI, sin necesidad de presentar informes médicos ni años de hormonación, como se exige actualmente. No obstante, se incluyen tres meses como plazo administrativo desde que se solicita el cambio para que la persona afectada ratifique su decisión.

Lo hizo manifestando que la solución de consenso alcanzada en el seno del Ejecutivo ha quedado con “una doble comparecencia que asegura que las personas trans sean quienes dicen quienes son ante la administración en un sistema de doble comparecencia”.

De este modo, se garantiza el “libre derecho de autodeterminación de género”, siguiendo las directrices de la UE y de otros organismos internacionales”, que entienden que ésta es la “única forma de garantizar los derechos humanos” de ese colectivo.