Cocemfe señaló en un comunicado que hay personas con discapacidad física y orgánica que necesitan realizar un consumo eléctrico constante para el correcto seguimiento de su tratamiento o el uso de tecnologías y recursos para la vida independiente, como los sistemas domóticos, grúas de elevación o traslado, dispositivos de hemodiálisis, máquinas de oxígeno, bombas de perfusión, tratamientos intravenosos, nebulizadores, climatizadores o incluso para cargar las baterías de las sillas de ruedas.

“En algunos casos se hace uso de estos dispositivos las 24 horas del día”, apuntó el presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga. Por ello, solicitó al Gobierno que tenga en cuenta las especificidades asociadas a la discapacidad para así garantizar la plena inclusión y participación activa de las personas con discapacidad física y orgánica en la sociedad.

En este sentido, advirtió que “ya antes de la llegada de la pandemia y de la subida de la factura eléctrica, más del 30% de las personas con discapacidad tenía dificultades para afrontar el recibo de la luz”.

“Esta situación de partida de clara desventaja se ha acrecentado considerablemente en los últimos meses y pone en riesgo la salud y bienestar de las personas con discapacidad física y orgánica, como consecuencia directa del elevado precio del consumo eléctrico”, agregó.

A pesar de que el Gobierno ha anunciado una bajada del IVA en la factura de la luz y de que las personas con discapacidad pueden ser consideradas desde este año consumidores vulnerables, Queiruga recalcó que "se deben adoptar medidas permanentes e integrales que permitan a las personas con discapacidad más vulnerables y a sus familias llevar una vida digna".