Así lo precisaron a Servimedia fuentes de la confederación, que subrayaron que tienen la “esperanza” de que las peticiones para la extensión de los bonos por viajes no disfrutados se produzcan “sobre todo” después del 1 de julio, fecha de la puesta en marcha del Certificado Covid digital por parte de la UE.

En este sentido, reconocieron que, “en las condiciones actuales”, para las agencias de viajes resulta “muy complicado” realizar las devoluciones correspondientes a las que los usuarios tendrían derecho si no los han disfrutado una vez concluya el plazo estipulado, puesto que tienen aún reembolsos “pendientes” de proveedores, “principalmente” de aerolíneas y compañías de cruceros.

CEAV lanzó hace unos días una campaña audiovisual para incentivar la extensión de estos bonos en la que señala que, “como medida de emergencia”, el Gobierno aprobó el 31 de marzo de 2020 el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la Covid-19, en el marco del cual permitía a las agencias ofrecer un bono de un año de vigencia a los consumidores afectados, cuando los operadores no le reembolsen los importes correspondientes, o a devolver el dinero si este bono no se ha usado tras el periodo estipulado.

CEAV admite que, “gracias a esto, muchas agencias de viajes han podido permanecer abiertas hasta hoy” y, aunque los bonos dejarán de ser válidos este lunes 21 de junio, puntualiza que quienes tengan un viaje asociado a un bono solo tienen que acercarse a la agencia con la que tienen la reserva y solicitar una prórroga del periodo de validez.

“Es fácil y, además, conseguirás conservar tu viaje y ayudar a que muchas agencias sigan adelante”, continúa el vídeo, en el que CEAV insiste en que es momento de “arrimar el hombro para volver a viajar como antes” y pide “el compromiso de todos” para salir de la crisis.

MINISTERIO DE CONSUMO

El Ministerio de Consumo recuerda que, ante la cancelación de miles de viajes a causa de la pandemia, las agencias ofrecieron hace un año a sus clientes dos opciones: un bono canjeable o el reembolso del dinero, y coincide con CEAV en que, “en muchos casos”, estas empresas necesitan de los proveedores para tener liquidez y poder “afrontar” todos los reembolsos.

Por ello, el Gobierno “promovió” los “acuerdos” entre empresas y consumidores en forma de bonos u otras alternativas “que no les afectaran tanto económicamente”, según Consumo, que confirma que, en caso de que el consumidor escogiera recibir un bono canjeable, a partir de este lunes la compañía “debe proceder al reembolso” si no lo ha canjeado durante este tiempo.

VÍA JUDICIAL

En el actual contexto, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) anunció esta semana el inicio de la fase judicial para reclamar los reembolsos de los vuelos pendientes de devolución y animó a reclamar a los “muchos” consumidores que aún no han recuperado el importe de sus vuelos o viajes no efectuados.

El pasado 30 de abril, remitió una solicitud de mediación colectiva a las compañías aéreas (Iberia, Vueling, Air Europa y Ryanair), así como a las plataformas y agencias de viajes (Rumbo, Logitravel, Travelgenio, eDreams y Booking), que, justificó, “más reclamaciones acumulan y que más reembolsos tienen pendientes de realizar”.

Transcurrido el plazo de 30 días concedido, sólo Edreams y Air Europa “han accedido a resolver este problema de manera extrajudicial”, señaló la organización de consumidores, que valoró su “buena disposición” y lamentó que en el resto de casos “no queda otra vía más que la judicial para que los consumidores afectados puedan reclamar el dinero pendiente de reembolso”.

OCU recomienda a sus socios con una cantidad pendiente de recibir inferior a 2.000 euros que acudan directamente al juzgado, para lo cual pondrá a disposición de los afectados un modelo de demanda. Para los que tengan que reclamar un importe superior a 2.000 euros, recuerda que es necesario valorar de forma previa los gastos de abogado y procurador.

La organización criticó que la “pasividad” tanto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea como “del resto de administraciones públicas implicadas” suponga a los consumidores afectados “más tiempo y esfuerzo en recuperar un dinero que les corresponde”.