Así lo expuso durante la presentación de su nueva campaña ‘Volver a sentirse en casa’, lanzada hoy con motivo del Día Mundial de los Refugiados, que se celebra el próximo domingo, 20 de junio.

La campaña muestra el impacto positivo que tiene la vivienda en la vida de estas personas desde la fase de acogida, ya que esta les permite el acceso a otros derechos como el trabajo, la educación, la salud o la participación social

Según Amaya Renes, responsable estatal del Programa de Protección Internacional de Provivienda, la vivienda es “el eje desde el que una persona refugiada puede desarrollar el aprendizaje del idioma o la búsqueda de empleo”.

La campaña pone de manifiesto que “la relación con la vecindad, la compra semanal o el tener un lugar para estudiar son rutinas muy importantes para que las personas que solicitan asilo se acostumbren a la sociedad de acogida”.

Por eso, el modelo de atención a personas refugiadas que desde hace seis años desarrolla Provivienda se basa en la acogida a través de viviendas autónomas. Gracias a este programa, 1.759 personas, más de la mitad de ellas menores, han sido alojadas en 292 viviendas de propietarios particulares repartidas por todo el país. También se ha apoyado a 1.364 personas en la búsqueda de empleo.

Por otro lado, la iniciativa quiere, además, alertar sobre la falta de recursos residenciales, el escaso parque de vivienda público, el precio excesivo de los alquileres y la carencia de recursos que eviten la discriminación hacia estas personas.

Aunque en el último año las solicitudes de Protección Internacional en España se han reducido casi un 25% a causa de la pandemia, “la realidad es que aún son muchas las personas que se quedan fuera del sistema de acogida y del acceso a recursos como una vivienda", lamentó la ONG.

En 2020, más del 90% de las peticiones de asilo fueron denegadas, un 10 % más que en 2019, prosiguió, y ello deja fuera a las personas de toda ayuda o recurso público. Se quedan en "situación de gran irregularidad y de vulnerabilidad ante la pérdida de derechos”, agregó.

Por ello, Provivienda instó a las administraciones autonómicas a desarrollar políticas de vivienda que “aporten alternativas y acompañamiento y ofrezcan soluciones a los retos a los que se enfrentan las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas".