Así lo anunció la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula Von der Leyen, en una rueda de prensa en Madrid, acompañada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Recaló en Madrid tras viajar a Portugal para comunicar el visto bueno también de su plan, y mañana estará en Grecia y Dinamarca, y el viernes en Luxemburgo.
En su intervención, Von der Leyen aseguró que “Europa va a estar al lado de España en todos los pasos del camino para poner en marcha este Plan" que espera "sea exitoso”, y apuntó que “estas reformas harán que España salga más fuerte que nunca”.
La presidenta de la Comisión resaltó aspectos del Plan como su orientación hacia la transición ecológica y la digitalización, o las “reformas cruciales para el mercado laboral” y fomentar el empleo juvenil.
Por su parte, el presidente Sánchez agradeció la visita de Von der Leyen, sobre quien destacó que “siempre ha demostrado, y sobre todo en los momentos más duros, estar al lado de España”. En cuanto a la aprobación del Plan, Sánchez consideró que se trata de “un día histórico, por lo que representan en términos de recursos económicos, pero también lo es para Europa”, al considerar que los primeros planes aprobados, correspondientes a Portugal y España, “abren la puerta a una nueva forma de entender la Unión, cooperar unidos y dar respuesta a los desafíos”.
Asimismo, el presidente del Gobierno puso en valor que los fondos europeos son fruto de las negociaciones que llevaron a cabo las distintas familias políticas representadas en el Consejo Europeo, y que conllevaron un esfuerzo de todos para llegar a un acuerdo.
PROCEDIMIENTO
Tras el visto bueno, el Consejo dispone ahora de cuatro semanas para adoptar la propuesta de la Comisión, y su aprobación supondrá después el desembolso de 9.000 millones de euros en concepto de prefinanciación, cuantía equivalente al 13% del importe total asignado a España.
Una vez lo apruebe el Ecofin, Sánchez anunció este miércoles que convocará una Conferencia de presidentes autonómicos “para hablar sobre el Plan de Recuperación y tratarlos con ellos, porque ellos también son protagonistas, como los miles de alcaldes de nuestro país”, destacando la importancia de la colaboración de todas las administraciones.
En fases posteriores se pondrá marcha un sistema de desembolsos semestrales en función del cumplimiento de una serie de hitos y objetivos incluidos en el plan y a contar desde febrero de 2020.

En las últimas semanas el Gobierno ha mostrado precisamente su confianza en que, además de la prefinanciación, se pueda producir un primer abono de esos pagos semestrales también durante este año, ya que de los hasta 330 hitos incluidos en el plan para el periodo 2021-2023, alrededor de un centenar habrían sido alcanzados desde febrero de 2020.
En su análisis y valoración, Bruselas ha evaluado el plan de España sobre la base de los criterios establecidos en el Reglamento del llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y que es el elemento central del ‘NextGeneration EU’, que inyectará hasta 672.500 millones de euros a los países europeos.
A España le corresponderían hasta 140.000 millones, siendo 69.500 millones subvenciones que llegarían entre los años 2021 y 2023 y el resto créditos, aún por solicitar y para lo que hay ventana hasta el 2026.

El aval de la Comisión corresponde al plan que contempla actuaciones sobre las subvenciones, y lo emite tras comprobar que las inversiones y reformas establecidas contribuirán a abordar eficazmente los retos señalados en el marco del Semestre Europeo.
Su valoración también ha escrutado si abarcan medidas que coadyuven eficazmente a las transiciones ecológica y digital; y si contribuirán a reforzar el potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica, institucional y social de España.
‘DEBERES’
Su resultado es positivo, tras comprobar que el 40% de su asignación se destina a medidas que apoyan los objetivos climáticos como las planteadas para fomentar la movilidad urbana y a larga distancia sostenibles, aumentar la eficiencia energética de los edificios, descarbonizar la industria y reducir la dependencia energética, o desplegar nuevas tecnologías para el hidrógeno verde y las energías renovables.
Asimismo, ha subrayado que también comprende medidas para contribuir a paliar los efectos adversos del cambio climático mediante la conservación de los espacios costeros, los ecosistemas y la biodiversidad, y para promover la economía circular mediante la mejora de la gestión del agua y los residuos.
Además, ha constatado que el 28% de los fondos se asignarán a medidas destinadas a la transición digital, tales como medidas sobre la digitalización de la Administración pública, la industria y las empresas, incluido un programa específico para la digitalización de las pymes, o la dotación de equipos digitales para la educación y la mejora de las competencias digitales.
A juicio de la Comisión, el plan incluye además un “amplio” conjunto de reformas e inversiones que “se refuerzan mutuamente” y contribuyen a abordar “de manera eficaz la totalidad o un subconjunto importante de los retos económicos y sociales indicados en las recomendaciones específicas por país formuladas a España por el Consejo en el Semestre Europeo en 2019 y en 2020.
Entre ellas destaca medidas en el ámbito del empleo “para reducir la segmentación del mercado laboral y mejorar las políticas activas del mercado de trabajo”, en educación, políticas sociales, para mejorar el clima empresarial o en el ámbito de las finanzas públicas, “incluidas las reformas del sistema de examen del gasto, el sistema fiscal y el sistema de pensiones”.
A juicio del Ejecutivo comunitario el plan español de recuperación y resiliencia “contribuye de manera global y adecuadamente equilibrada a los seis pilares del Reglamento”, con inversiones concretas para generar empleo y crecimiento y fomentar la doble transición ecológica y digital.
En cuanto a la ejecución y puesta en marcha de las medidas, la Comisión Europea ha avalado los mecanismos arbitrados por España, al considerar “adecuados” los sistemas de control establecidos “para proteger los intereses financieros de la Unión”. “El plan aporta datos suficientes sobre la forma en que las autoridades nacionales prevendrán, detectarán y corregirán los casos de conflictos de intereses, corrupción y fraude relacionados con el uso de los fondos”, según Bruselas.