La sequía es la disminución de las precipitaciones por debajo de los niveles considerados como normales en un área determinada y la desertificación se refiere a la degradación de las tierras de zonas áridas y semiáridas causadas por las variaciones climáticas y las actividades humanas.

Según el informe 'Impactos y riesgos derivados del cambio climático en España', de este año y elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se espera en España, por un lado, un aumento generalizado en la intensidad y magnitud de las sequías meteorológicas e hidrológicas bajo escenarios de cambio climático -debido, principalmente, al aumento de la evapotranspiración y a la reducción de las precipitaciones- y, por otro, una creciente aridez y un aumento del riesgo de desertificación.

Se trata de dos fenómenos diferentes, pero íntimamente relacionados, con capacidad de generar importantes efectos adversos sobre la sociedad, la economía y los ecosistemas, que se agravarán en un futuro cercano como consecuencia del cambio climático y de la persistencia de un modelo de gestión insostenible de los recursos suelo y agua, según Greenpeace.

Esta organización aportó datos que urgen "de forma inaplazable" a una "acción decidida" para paliar los efectos climáticos en España. Así, durante la segunda mitad del siglo XX se ha ya una reducción de entre un 105 y un 20% de los recursos hídricos disponibles en muchas cuencas de la Península Ibérica. Las estimaciones de reducción de escorrentía superficial, para el siglo XXI, siguen también en descenso.

Además, la temperatura media del mar Mediterráneo se calienta entre dos y tres veces más que el conjunto de los océanos en el ámbito global. Su temperatura es ya 1,5ºC superior a los niveles preindustriales y las previsiones son aún más pesimistas: para 2040 se calcula que el aumento de la temperatura se situará en 2,2ºC y para el 2100, en 3,8ºC.

AEMET

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hay una tendencia clara desde 1971 a temperaturas más extremas, tanto en valores promedio como en máximas y mínimas. La mortalidad ligada a estas causas oscilará entre 10.000 y 43.000 fallecimientos anuales a lo largo de este siglo.

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) sitúa a España como uno de los países de la UE con mayor riesgo de incendios, fenómeno que se agrava en situaciones de sequía y en suelos desertificados.

Según el último Inventario de Daños Forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las masas forestales tienen más dificultad para reponerse de los daños que le causan las sequías, al ser éstas cada vez más extremas, recurrentes y prolongadas.

Aproximadamente 32 millones de personas ya se han visto afectadas por el cambio climático en España, según el Ministerio de Transición Energética y Reto Demográfico. Actualmente, el agua embalsada en España es del 58,34%, por debajo de los niveles de 2019, año de la última sequía, cuando varias cuencas, como las del Duero, se declararon en sequía.

"Frente a los devastadores problemas asociados a la sequía y la desertificación, tenemos que frenar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Para ello hay que fortalecer el medio rural y cambiar el modo en que producimos nuestros alimentos y bienes de consumo. Así podremos evitar que nuestro país se convierta en un territorio desertificado en pocos años”, apuntó Julio Barea, responsable de la campaña de aguas de Greenpeace.

PROPUESTAS

Por ello, en el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, Greenpeace y el Observatorio Ciudadano de la Sequía llamaron al Gobierno y a las diferentes administraciones autonómicas y locales a realizar una "revisión más ambiciosa" de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para que las emisiones de CO2 se reduzcan en 2030 al menos 55% respecto a las de 1990 y alcanzar el cero neto en 2040.

Modificar la política hidrológica para garantizar la calidad de las masas de agua, mantener una postura "rotunda e inequívoca" frente a la sobreexplotación y la contaminación de los recursos hídricos y la proliferación de pozos ilegales, reconvertir el modelo agrícola predominante y frenar la expansión de la ganadería industrial con menos regadíos intensivos y la cabaña ganadera en intensivo, y más apoyo a la agricultura y la ganadería de base agroecológica y de pequeña escala son otras propuestas.

Greenpeace aboga también por garantizar una política forestal acorde con los niveles de aridez y la intensificación de las sequías en España que asegure la adaptación de los ecosistemas forestales a los nuevos escenarios de cambio climático, evite la proliferación de la urbanización en el espacio forestal y conciencie a la sociedad ante el riesgo que suponen los incendios.