En su comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales, Susías lamentó que “parece que primero se han tenido en cuenta los requisitos a exigir para garantizar que se cumplen ciertos procedimientos, por delante de las necesidades de las personas”.

“Esta ayuda se pensó para atender a las necesidades urgentes en una situación de crisis como la actual”, prosiguió, “que al final han quedado en un segundo plano".

En esta línea, criticó que se tengan en cuenta los datos de renta y patrimonio del año previo, “cuando la situación de las familias puede cambiar mucho”, y “el charco en el que se han metido en lo referente a las unidades familiares”.

Por otro lado, Susías afirmó estar “seguro” de que “las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social tienen grandes profesionales, pero quizás en este asunto no están lo suficientemente formados”.

Por ello, recomendó incluir en los equipos a “trabajadores sociales con amplia experiencia en entidades y en servicios de atención directa”, que conocen la realidad de estas personas y cómo se podrían agilizar las ayudas.

Además, criticó que “aún no exista un reglamento que permita compatibilizar el Ingreso Mínimo Vital con el desempeño de un empleo”, que “es uno de los principales avances“ que contemplaba la medida.

Por todo ello, Susías pidió “prudencia” de cara a la transferencia de estas competencias a las comunidades autónomas. “Si no solucionamos todo esto, sería traspasarles el problema”, declaró, precisando que la excepción serían Navarra y País Vasco, que tienen haciendas propias.

En su opinión, “si el Estado, que con apretar un botón puede acceder a los datos de la Agencia Tributaria y de Hacienda, está atascado, quizá la transferencia a las (demás) comunidades autónomas de momento no sea una buena solución”.

Lo que sí defendió Susías fue la articulación de los sistemas de rentas mínimas autonómicas con el Ingreso Mínimo Vital, para que las comunidades sigan destinando estos recursos a los mismos colectivos vulnerables.

En algunas autonomías la cuantía y la cobertura del IMV son inferiores a lo que existía, pero en otras sucede todo lo contrario. Por eso es importante estructurar todo el modelo en torno al Ingreso Mínimo, que en teoría viene “a poner fin a los 19 sistemas de garantía de renta que existían hasta ahora y que la Unión Europea había criticado”, subrayó.

Con todo, Susías resaltó que “bien desarrollado, el Ingreso Mínimo Vital será muy eficaz contra la pobreza severa”, que en España afecta al 5,9% de la población (más de dos millones de personas), pero “no conseguirá sacar ni a una sola” de la pobreza relativa. Esto último requiere acción coordinada por parte del Gobierno, porque “la pobreza tiene efectos sociales, pero es un concepto económico que originan las políticas económicas”, afirmó.

SERVICIOS SOCIALES

Así, otros puntos que reclamó tienen que ver con la aprobación de una Ley Estatal de Servicios Sociales, para fijar un catálogo común de prestaciones basado en los derechos de la ciudadanía, que “respete las competencias de las comunidades autónomas y restructure todo el plan concertado, que se ha quedado muy obsoleto”.

También pidió “la primera ley de vivienda inclusiva de la democracia“, acompañada de planes específicos de promoción a la vivienda pública de alquiler. En la misma línea, apostó por reforzar el acceso a una educación de calidad “para luchar contra la transmisión generacional de la pobreza”, generalizar a todos los grupos sociales el acceso universal a la sanidad, y poner en marcha la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza, con especial atención a la pobreza energética.

En su opinión, seis son los pilares que, abordados de forma integral, permitirían acabar con la pobreza: garantía de rentas, vivienda, educación, sanidad, atención social y ”una política fiscal que no cause más pobres”. Junto a todo el sistema de rentas articulado en torno al Ingreso Mínimo Vital, Susías exigió políticas para mejorar la calidad del empleo y de las pensiones.

Por otro lado, defendió una regularización general de la población inmigrante en situación administrativa y legal. “Llevamos muchos años con cientos de miles de personas en esta situación, sin ningún tipo de protección ni de acceso a sus derechos”. “Nosotros defendemos la regularización. Si ustedes conocen alguna otra solución, por favor, cuéntennosla y la estudiaremos juntos”.

Por último, señaló la necesidad de tener especial consideración en cuanto al impacto de las políticas en los colectivos más vulnerables, y puso el ejemplo del pacto verde y de todas las medidas de transición ecológica, que “son muy favorables pero que tenemos que ver cómo impactan en la población más pobre”. “Yo estoy muy a favor de llevar una alimentación mucho más sana que la actual, pero si no elevamos sus ingresos, a ver cómo consiguen comer muchas personas”.

En su intervención, Susías hizo especial mención al impacto de la Covid-19 en la extensión de la pobreza existente en España. Quiso dejar claro que “esta no es una mochila nueva", sino que se ha agrandado con la pandemia, pero que viene de muchas crisis anteriores. De hecho, la pobreza relativa nunca ha bajado del 20%.

Lo que sí reconoció es que muchas entidades miembros de la red, que hasta 2020 se dedicaban a labores de promoción social y de inserción, “han vuelto a repartir alimentos a las familias". “Estos meses de encierro nos han hecho darnos cuenta de los problemas que arrastrábamos y nos han hecho abrir los ojos”, concluyó.