Son datos facilitados este martes por el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, durante su primera comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos y de Transformación Digital en el Congreso de los Diputados tras tomar el testigo en el cargo hace unas pocas semanas a Ana de la Cueva.

Según detalló, el 45% de las empresas con deuda avalada por el ICO ha solicitado la extensión de sus plazos de amortización y/o carencia aprobadas por el Gobierno dentro de las últimas medidas para ayudar al tejido productivo a encarar la crisis creada por la pandemia. “Y esto, en términos de financiación, supone que se ha solicitado ampliación de plazos para el 50% del total de la financiación avalada y concedida”, detalló.

El plan para ayudar a empresas y autónomos a encarar el repago de su deuda con la reestructuración prevé en primer lugar dicha extensión de plazos en periodos de amortización e, incluso, del periodo de carencia si cumple con los requisitos establecidos para ello. En segundo lugar, se podría convertir la financiación en un préstamo participativo o, como última opción, aprobar quitas para reducir el capital principal de la deuda financiera.

Para su ejecución el Gobierno ha aprobado el citado Código de Buenas prácticas de adhesión voluntaria para los bancos, que se comprometen a aplicarlo cuando deciden suscribirlo. Con su ejecución, ambos, bancos e ICO, se comprometen a asumir las medidas que se aprueben, incluido la asunción de quitas si esa fuera la solución.

García Andrés desveló que ya ha acabado el plan de adhesión al Código y el “98% de la deuda avalada está cubierta por las entidades que se han adherido”, lo que “permite tener confianza de que este esquema va a ser útil para facilitar la reestructuración de deuda en aquellas empresas que lo necesiten”.

Al hacer balance de las medidas instrumentadas para ayudar al tejido productivo, empresas y familias a encarar la situación creada por la Covid-19, recordó la reciente extensión de los Expedientes de Regulación Temporales de Empleo (ERTE) hasta el 31 de septiembre o la creación del fondo de 7.000 millones de euros para ayudar a las empresas con problemas de solvencia.

Dentro de ese pack hay una hucha reservada de 3.000 millones para recapitalizaciones o quitas que estaría incluida en el plan de reestructuración de deuda citada y otra de 10.000 millones para sufragar costes fijos vía ayudas directas a compañías y autónomos cuya gestión y asignación corresponderá a las comunidades autónomas.

Sobre este último indicó que todas las comunidades autónomas han suscrito el correspondiente convenio con el ministerio de Hacienda, “se han transferido todos los fondos” y están “en marcha” las convocatorias para que los fondos lleguen a las compañías.

“Esperamos que el proceso se agilice y a lo largo de las próximas semanas las empresas y autónomos reciban las ayudas correspondientes”, indicó, recordando que el objetivo último es asegurar la solvencia de empresas viables y “ponerlas en mejores condiciones para que puedan volver a impulsar sus negocios, volver a invertir y a contratar a sus trabajadores”.