Pisarello se mostró “satisfecho” de que el Ejecutivo no solicite la suspensión cautelar, ya que es una ley que está funcionando “bien” porque permite contener las subidas “abusivas” de alquiler y prevé herramientas que permitirían proteger el derecho a la vivienda en otras comunidades y ayuntamientos.

Pese a ello, comentó que lo que de “verdad hace falta” es que se apruebe “ya” una ley estatal que recoja lo mejor de las experiencias que ya están funcionando en Cataluña, el País Vasco y la Comunidad Valenciana, y que se le den herramientas a comunidades y ayuntamientos para poder proteger el derecho a la vivienda.

A su juicio, se necesita ya una ley que prevea herramientas para que los precios del alquiler no suban de forma “abusiva”, que evite que la rehabilitación de los pisos no se traduzca en incrementos de alquileres que acaben “expulsando” a las familias, que se prohíban los desahucios a las familias vulnerables y que, si no hay una alternativa, se obligue a grandes propietarios a que se impliquen en el realojo de estas familias.