El régimen vigente de ayudas para este despliegue fue aprobado inicialmente por Bruselas en 2008, se prorrogó en diciembre de 2019 y expiraba a finales de 2022.

El objetivo de estas ayudas es apoyar proyectos de despliegue de banda ancha para el 8% de la población española que vive en zonas en las que todavía se ofrece una velocidad de descarga inferior a 100 megabits por segundo (Mbps), para que la vean aumentada a velocidades de carga y descarga de 300 Mbps, ampliables a 1 gigabits por segundo (Gbps).

El fin que se ha marcado el Gobierno es una cobertura de velocidad de descarga superior a 100 MPB para el 100% de la población española de aquí a 2025.

El Gobierno ha comunicado a Bruselas una prórroga del régimen de ayudas hasta el 31 de diciembre de 2024, y un aumento del presupuesto total de la medida de 200 millones de euros, al que el Ejecutivo comunitario ha dado el visto bueno.