El Congreso convalidó el decreto aprobado por el Gobierno el pasado 11 de mayo en Consejo de Ministros, fruto del acuerdo entre Gobierno, patronal y sindicatos alcanzado en marzo. Su entrada en vigor se producirá tres meses después de ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 12 de mayo.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, defendió la convalidación destacando que la nueva norma es “pionera internacionalmente” y “vanguardista” y aseguró que “no vamos a retroceder en el camino” de dotar de derechos en el marco de las plataformas digitales para “contribuir a la igualdad real y efectiva”.

La vicepresidenta tercera y titular de Trabajo afirmó que “el derecho del trabajo no es optativo” y que la inteligencia artificial y los algoritmos “tienen que estar al servicio de los trabajadores y no al revés”.

Díaz señaló que la norma es “fiel” a la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de septiembre, que dictaminó que la relación existente entre un repartidor y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral y no autónoma.

Recordó que, además de presumirse la laboralidad de los repartidores, se fija el derecho de los representantes de los trabajadores a conocer las reglas de los algoritmos que afectan a las condiciones laborales. Este punto “no se limita a las plataformas de distribución, se trata de un derecho de información que alcanza a todo tipo de empresas que utilicen algoritmos porque los algoritmos están determinando nuestras relaciones humanas y también nuestras relaciones laborales”, según destacó.

Defendió la oportunidad de la ley y que es “imprescindible en un momento como el actual, tan necesitado de certezas”, además de agradecer a los agentes sociales su trabajo para pactar la norma y redactarla.

La norma también fija que la representación legal de estos trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en la toma de decisiones que afecten a las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.

El Gobierno también anunció la creación de un comité de expertos para estudiar el “buen uso” de la inteligencia artificial y los algoritmos en las relaciones laborales.

La ley de los repartidores es una de las reformas recogidas en el plan de recuperación del Gobierno y comprometidas con la Comisión Europea para recibir los fondos ligados a la recuperación.