Lo hicieron en una rueda de prensa celebrada en la madrileña plaza de Pedro Zerolo en la que estos colectivos estuvieron acompañados presencial y virtualmente por referentes trans como Carla Antonelli, Marina Sáenz, Carmen García de Merlo o Àlex Bixquert.

La propuesta que plantea la comunidad Lgtbi consiste en una reducción efectiva del plazo de resolución de resolución del cambio registral de las personas trans a tres meses como plazo administrativo desde que se solicita el cambio de género en el Registro Civil hasta que se pueda recoger la documentación que hace efectivo el referido cambio.

Esto permitiría, según Uge Sangil, presidenta de Felgtb, “garantizar la seguridad jurídica, también de las personas trans, acortando los plazos actuales que llegan a los tres años, mientras que garantiza la seguridad jurídica que se ha reclamado para reconocer la libre determinación”.

Uge Sangil dejó claro que, para el reconocimiento de la libre determinación, “no aceptaremos bajo ningún concepto que las personas trans tengamos que presentar pruebas, testigos o depender de decisiones de terceras personas para acreditar nuestra identidad”.

Por ello, la propuesta planteada por estos colectivos establece que no es necesario presentar testigos ni pruebas, en la línea de lo recogido en las recomendaciones de la Comisión Europa, las legislaciones de distintos países y la normativa de 12 de las 17 comunidades autónomas españolas.

Uge Sangil subrayó que esta propuesta es “una solución intermedia y razonable, de consenso,” que “garantiza los derechos y la seguridad jurídica”, lo que le permitió trasladar al Gobierno que una de sus obligaciones es “alcanzar soluciones de consenso y efectivas” para evitar un “fracaso” que “no solo afectaría a los derechos de las personas trans, sino a todo el actual” Ejecutivo de coalición.

Por su parte, el vicepresidente de Felgtb, Mané Fernandez, puso de manifiesto que “no podíamos aceptar testigos a nuestra libre determinación de género, de la misma forma que con el divorcio no se exigen testigos ni motivaciones para poder divorciarse, pues no se puede condicionar por terceros una decisión profundamente íntima y vital”.

No obstante, precisó que la “propuesta de consenso” incorpora “cesiones sobre lo que nos gustaría que recogiera la ley, pero entendemos que es necesario avanzar ya, para garantizar los derechos y evitar el riesgo de bloqueo”.

Por otra parte, la presidenta de Chrysallis, Ana Valenzuela, explicó que la propuesta planteada se basa en la recién aprobada Le y de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, en cuyo artículo 9.3 reconoce que “los niños, niñas y adolescentes tendrán derecho a que su orientación sexual e identidad de género, sentida o expresada, sea respetada en todos los entornos de vida”.

De este modo, la propuesta determina que, a partir de los 12 años, los menores podrán solicitar el cambio registral acompañados de sus familias o tutores legales y de que se seguirá permitiendo que las personas menores de esa edad realicen el cambio de su nombre y tengan “derecho a que su orientación sexual e identidad de género, sentida o expresada, sea respetada en todos los entornos de vida”, en virtud de la sentencia del Tribunal Constitucional 99/2019.

A su vez, la activista trans y exdiputada socialista en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, recordó, en una intervención telemática, que “la propuesta que presentamos hoy va en la línea, espíritu y compromisos del Partido Socialista con las personas trans, emanadas del 39 Congreso del PSOE y del programa electoral y los acuerdos de gobierno”.

También, expuso, “reproduce en la literalidad la ponencia del 2019 en el Congreso de los Diputados, registrada también por el PSOE, por lo que no se entendía, ni comprendía, que lo que era bueno y se aplaudía hace tan solo dos años ahora se pusiera en tela de juicio”.

Por último, el presidente de Fundación Triángulo, José María Núñez Blanco, atestiguó que “es imprescindible que el Gobierno lleve al Consejo de Ministros con rapidez esta propuesta legislativa que recoge todas las demandas que llevamos tantos años defendiendo como necesaria en nuestro país, de cara al necesario reconocimiento de derechos de las personas trans”.