En concreto, Rato está acusado de un total de 11 delitos contra la Hacienda Pública supuestamente cometidos entre los años 2005 y 2015. Estos delitos, junto con los de blanqueo y corrupción están relacionados con la investigación que lleva este juzgado sobre el origen del patrimonio de Rato y su gestión a través de empresas pantalla radicadas en paraísos fiscales.

El magistrado considera, sin embargo, que no ha lugar a la apertura de juicio oral por la supuesta comisión de los delitos de falsedad continuada e insolvencia punible, tal y como solicitaba la Fiscalía en su escrito de acusación. En esta resolución, contra la que no cabe recurso, se declara competente para el conocimiento y fallo de la causa a la Audiencia Provincial de Madrid.

La Fiscalía Anticorrupción pide casi 70 años de cárcel para el exvicepresidente del Gobierno por defraudar presuntamente más de 8,5 millones de euros. El ministerio público pide entre cuatro y seis años de cárcel por cada uno de los 11 delitos contra la Hacienda Pública que le atribuye, seis por el de blanqueo de capitales y cuatro por el de insolvencia punible y corrupción en los negocios.

A lo largo de la investigación judicial, se han identificado incrementos no justificados en el patrimonio de Rato entre los años 2005 y 2015 por un importe total de 15.633.056,87 euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior que tampoco fueron declarados a Hacienda. Las cuotas defraudadas ascenderían a 8.586.121,67 euros en esos ejercicios fiscales.

El magistrado ha reclamado a Rato que deposite una fianza de 65,13 millones de euros en el plazo de un día para hacer frente a las posibles consecuencias económicas que se derivarían de una condena y le advierte que si no realiza el depósito "se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada".