Durante un encuentro, la representación del Cermi insistió en la necesidad de modificar esta norma reglamentaria, ya que “deja injustificadamente a determinados trabajadores con discapacidad fuera de esta beneficio social”.

Entre otras modificaciones normativas, propuso establecer el punto de corte en cuanto a grado de discapacidad “con efectos retroactivos” en el 33%, en lugar del 45% vigente en la actualidad.

Esto resolvería “el problema detectado de personas excluidas por tener una valoración de la discapacidad no acorde con su realidad o por tener un reconocimiento de grado antiguo y desfasado”, apuntó.

Además, el Cermi defendió que se revise, amplíe y actualice el listado de discapacidades, deficiencias y patologías que se consideran para dar derecho a este beneficio. “Es necesario poner al día este listado”, opinó, “siempre que haya evidencias científicas de que suponen una menor esperanza de vida, cuestión clave de esta regulación”.

Considera que debería también “establecerse una cláusula que permitiera reconocer otras discapacidades no mencionadas, pero sobre las que se pudiera acreditar médicamente que comportan reducción significativa de la esperanza de vida".

Por otro lado, propuso que las actualizaciones del listado se hagan por orden ministerial, “no por decreto”, ya que el proceso “sería mucho más ágil”.

Pidió finalmente no vincular el mínimo de años cotizados para generar pensión de jubilación al mantenimiento del grado de discapacidad exigible durante todo el periodo de cotización, pues este requisito, “junto con el grado y que la discapacidad esté en el listado previo, expulsa a muchas personas que materialmente deberían acceder a este beneficio”.

El INSS se ha comprometido a valorar todas las propuestas recibidas desde el sector social de la discapacidad y a promover aquellas reformas que, sin romper con los parámetros del sistema de Seguridad Social, puedan flexibilizar esta regulación y abarcar más situaciones protegidas, según aseguró este sábado el Cermi en un comunicado.