El pasado 11 de mayo entró en vigor ese límite de 30 km/h, que afecta a cerca del 70% de las calles de España y supone perder puntos en el carné si el conductor circula a 51 km/h o más. No obstante, esa medida fue pedida por algunos ayuntamientos a la Dirección General de Tráfico (DGT) para 'calmar' las ciudades, reducir el riesgo de atropellos y facilitar la movilidad entre los distintos usuarios de las vías.

El oficio firmado por Vargas, que se acompaña de un informe del Centro Español de Metrología sobre cinemómetros y etilómetros evidenciales, señala que las autoridades locales deben de tener en cuenta esa nueva limitación de velocidad para que se cumpla vigilando la velocidad mediante radares.

Además, Vargas recuerda que circular a más de 90 km/h en una calle limitada a 30 km/h supone una infracción penal que acarrea una pena de prisión de tres a seis meses, multa de seis a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y, en cualquier caso, la retirada del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores entre uno y cuatro años.

En este sentido, apunta que los radares han de calibrar los errores máximos permitidos en sus verificaciones periódicas. "Además de la concienciación como respuesta principal, es indispensable el aumento consiguiente de controles de velocidad, pues las sanciones administrativas y las penales tienen un efecto de educación y prevención, respectivamente", subraya.

Por otro lado, la Fiscalía propone aumentar los controles de velocidad y de alcohol en las carreteras porque actualmente hay "unos índices de siniestralidad superiores a los flujos de tráfico" en España. Por ello, pide a las policías de tráfico que informen si las 'apps' que alertan a los conductores donde hay controles de velocidad, alcohol o drogas perturban el funcionamiento de los agentes.