Lo dijo durante su comparecencia en la Comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Senado en la que atestiguó que la lucha contra esta lacra “no puede depender de colores políticos ni de quien gobierna”, sino que ha de ser una “política de Estado” con “vocación de permanencia”.

Este preámbulo le permitió recordar que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género nació en 2017 con “fecha de caducidad”, ya que se le adjudicó un alcance temporal concreto de cinco años.

Por ello, propuso a los grupos la necesidad de “hacerlo permanente e institucionalizarlo como uno de los grandes consensos de Estado”, ya que “mientras las violencias contra las mujeres sigan estando en la ecuación, el Pacto de Estado debe seguir siendo el pilar que sostenga las políticas de igualdad y contra las violencias de género”.

Irene Montero defendió que este pacto constituye “una herramienta muy valiosa, una auténtica vacuna contra el machismo y su negacionismo” que no puede utilizarse como coartada para “cubrir el expediente” en materia de lucha contra la violencia de género.

Por esa razón, persuadió a los grupos para que España sea “un ejemplo para el mundo” en esta materia ampliando las medidas del pacto, recuperando los puntos en los que no hubo acuerdo en 2017, introduciendo novedades y adaptándolo a la actualidad de las violencias que sufren las mujeres.

En ese sentido, anunció que su departamento presentará en el Congreso “cuanto antes” una iniciativa para convertir en permanente el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y su financiación.

A su vez, Irene Montero avanzó que la institucionalización del Pacto de Estado irá “acompañada y reforzada” de otra “gran política pública diseñada desde la excelencia”: la ‘Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas (2022-2025)’, que nace con el objetivo de “fortalecer” el referido Pacto de Estado y “ampliar la respuesta holística e interdisciplinar frente a todas las formas de violencias machistas”.

De este modo, confirmó que en junio dicha estrategia será licitada a través de procedimiento abierto, con el fin de que su elaboración y proceso participativo sobre el que se fundamenta concluya en el primer trimestre de 2022.

PRODUCCIÓN NORMATIVA

La ministra de Igualdad también comentó que la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual está “cerca de ser aprobada”, hasta el punto de que su intención es presentarla en el Congreso de los Diputados “a principios del mes que viene”.

Esta norma, más conocida como ‘ley del sí es sí’, dijo, Irene Montero, “va a dar un vuelco definitivo a las políticas contra las violencias machistas en nuestro país, haciendo que definitivamente podamos cumplir con el mandato recogido en el Convenio de Estambul”.

Añadió que con esta ley “España quiere lanzar un mensaje claro: las víctimas de violencias sexuales son titulares de derechos humanos y las Administraciones Públicas son garantes de su cumplimiento”, al tiempo que incorporará un “enfoque de derechos humanos y feminista, que aspira a hacer cumplir a nuestro país todas las obligaciones en la materia según lo que establecen los estándares internacionales”.

Por su parte, también se pronunció sobre el estado de elaboración de la Ley Integral contra la trata de seres humanos y de protección a las víctimas y del Plan de Inserción Sociolaboral para las víctimas.

En cuanto a la Ley Integral, comentó el “éxito” de la Consulta Pública Previa que ha permitido recibir 454 propuestas, lo que le dio pie a proclamar que “España tiene una deuda con las víctimas de trata y este Gobierno tratará de saldarla”. Para ello, apuntó que esta norma “colocará a las víctimas en el centro, se anclará en los derechos humanos y nos actualizará como país en nuestras obligaciones internacionales”.

Respecto al Plan de Inserción, manifestó que “un gobierno abolicionista no será plenamente abolicionista si no acompañamos a la mayoría de las mujeres que se han visto abocadas a la esclavitud sexual, a la trata o a la prostitución”.

Así pues, dijo que “las mujeres quieren alternativas dignas laborales, desean salir del infierno de la explotación sexual, garantizando una reparación real frente a los derechos vulnerados”, por lo que “si deseamos que la mayoría de las mujeres puedan ejercer su derecho a una vida digna, debemos de replantearnos una reforma de la ley de extranjería o bien una regularización extraordinaria que nos permita llegar a todas las mujeres víctimas de la industria proxeneta”.

Por último, Irene Montero reconoció que “tenemos por delante muchos retos como instituciones. Retos que debemos abordar próximamente con humildad y con un trabajo serio y riguroso”.

La titular de Igualdad remachó su intervención invitando a los grupos a sumarse a la “revolución” en esta materia, ya que “para llevar a cabo esta agenda se requiere una transformación más profunda en nuestro país y sumar todas las manos posibles para alcanzar nuestros objetivos”.