A las organizaciones les parece “desproporcionado” implantar un límite tan bajo para las operaciones en efectivo. Consideraron que coarta la propia libertad de elección por parte del consumidor al que “pone bajo sospecha a cuando realice compras en el comercio por valor superior a 1.000 euros”.

En este sentido, subrayaron que esta medida supone sustituir el dinero en efectivo garantizado por los Estados “por otros medios de pago que tienen un elevado coste para ciudadanos y comerciantes como los ocasionados por las comisiones del pago y la posesión de tarjeta”.

Recordaron que desde el sector del comercio comparten el objetivo de la lucha contra el fraude fiscal en España “porque penaliza la competitividad de las empresas que operan dentro de la Ley”, pero que “sin un horizonte claro de recuperación” tras la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 y “con unas ayudas que no llegan”, que “al menos no se perjudique más la actividad de las empresas con medidas que van justo en la dirección contraria a las promovidas por Europa”.

Anged, CEC, Acotex y FECE destacaron que el Consejo Europeo reconoció en marzo de este año que “el efectivo sigue desempeñando un papel esencial” como “salvaguardia en caso de mal funcionamiento de los sistemas e infraestructuras de pago” y que “tanto los pagos en efectivo como los pagos digitales deben ofrecerse y aceptarse de manera general, en respuesta a la demanda y las preferencias de los usuarios”. Esta línea también la defienden el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión, con lo que “choca frontalmente con las medidas que pretende introducir el proyecto de Ley tramitado en las Cortes”, según el sector del comercio.

De hecho, desde estas organizaciones defendieron que según los datos del BCE, el 83% de las operaciones de compra en España son en efectivo, diez puntos más que la media europea.