El Ejecutivo, en uso de su potestad constitucional cuando una iniciativa legislativa comporta incremento del gasto, ha mostrado su disconformidad y, por tanto, la iniciativa parlamentaria decae y no sigue tramitándose.

La proposición de ley proponía reformar la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave y, para ello, planteaba distintas reformas de la Ley de Seguridad Social, del Estatuto de Trabajadores y de Estatuto del Empleado Público con el objetivo de establecer como situación asimilada, a efectos de adquirir la condición de beneficiario, la de las personas menores de 26 años con una discapacidad que genere dificultades adicionales a los progenitores y las personas cuidadoras.

Consideraba persona asimilada la persona menor de 26 años con discapacidad oficialmente reconocida que cumpla una de las siguientes condiciones: las personas con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual o del desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, y las personas con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento.

En este sentido, consideraba conveniente flexibilizar los requisitos establecidos para adquirir la condición de beneficiario, a fin de evitar que se extinga cuando la persona afectada –en este caso, personas con discapacidad de especial apoyo- cumpla los 18 años, al adquirir la mayoría de edad, debido a que hay muchos supuestos en los que se hace necesario proporcionar cuidado directo, continuo y permanente, que no desaparece cuando la persona cumple dicha edad, sino que persiste y, frecuentemente, se ve agravada, causando problemas para que los progenitores o el entorno cuidador, pueda conciliar su vida laboral con su vida familiar.

Para llevar a cabo dicha reforma, el PP a sugerencia del Cermi proponía modificar la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, en la Ley del Estatuto de los Trabajadores y la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público para que pueda articularse la reforma de la prestación de Seguridad Social, con la obligada reducción de jornada de trabajo de los progenitores o cuidadores, con la prestación de Seguridad Social y se amplíe al ámbito de la reforma a los empleados públicos.

Fuentes del Cermi señalaron que se trata de una iniciativa social necesaria demandada por el sector de las enfermedades raras y de la discapacidad, por lo que insistirán en plantearla y reivindicarla.