En la presentación del Índice 2020-Valoración Servicios Sociales sobre la calidad y eficacia del sistema, Ramírez advirtió de que, con “los requisitos tan estrictos” vigentes hoy en día, “estimamos que apenas el 40% de lo presupuestado del IMV llegará a ejecutarse”.

Subrayó que “de los 3.000 millones previstos en los Presupuestos Generales del Estado, apenas se gastarán unos 900 millones”.

“Con la crisis que tenemos ahora mismo, vamos a devolver más de 2.000 millones de euros”, cuando lo que la gente necesita es evitar el precipicio de la pobreza, del que luego es muy difícil salir”, enfatizó Ramírez.

En un principio, “las previsiones del Gobierno eran alcanzar a unos 800.000 hogares –algo más de 2 millones de personas-“, señaló, lo que “para nosotros supondría pasar de 8 millones de usuarios de los servicios sociales a más de 10 millones”, ante el previsible aumento de personas que participarían en itinerarios laborales o de inserción social.

“Nos hemos quedado, sin embargo, en 210.000 hogares, muy lejos de lo previsto ”, lamentó, y “todo por la tozudez del ministro Escrivá” y “porque tenemos un Ministerio de Derechos Sociales que no legisla sobre sus competencias”. “Lo están ocupando unos ministros que no son ministros, y que dejan que desde Vivienda o desde Seguridad Social legislen sobre servicios sociales”.

En su opinión, la situación es comparable a tener todas las vacunas contra la Covid-19 disponibles pero almacenadas en el sótano del hospital, mientras que en la puerta, las ONG reparten en las colas del hambre ibuprofeno”.

Ramírez destacó que los requisitos para acceder al IMV ya se han cambiado hasta en cinco ocasiones, pero “siguen sin tener en cuenta nuestras reivindicaciones”, entre las que citó su reconocimiento de oficio a todos los beneficiarios de las rentas mínimas de las comunidades autónomas y abandonar la referencia de la declaración de la Renta como medida de la riqueza, porque ésta registra el histórico anual, explicó, “y la pobreza es urgente y se debe atender de forma ágil”.

Además, "ahora han colocado a los ayuntamiento como vigilantes del padrón", al obligarles a certificar las unidades de convivencia no registradas, lo que "colapsará aún más el sistema". Para Ramírez, "el exceso de burocracia es uno de los principales problemas” de los servicios sociales en general en España.

“Si pensamos en las ayudas de emergencia, encontramos que el expediente tarda entre dos y tres meses en resolverse”. Es más, “a veces las personas tardan un mes solo en conseguir cita”, lo que les empuja a pedir ayuda en las entidades del Tercer Sector, a engrosar “las colas del hambre”, que “solucionan su urgencia por bondad, pero no porque les reconocen el derecho”, lamentó.

Cada vez que un trabajador social deriva a un usuario a una cola del hambre, asistimos a un fracaso del sistema”, sentenció. Por ello, reclamó “mayor agilidad” en todos los procesos y reconocer la “prescripción social facultativa” para los profesionales del sector, a fin de mejorar la atención que se presta a los 8 millones de usuarios actuales y de mejorar la eficacia de todo el sistema.