El Cermi recordó, en un comunicado, que estos incentivos se establecen para las personas con capacidad intelectual límite que, pese a su necesidad de apoyos, no alcanzan el reconocimiento del 33% de grado de discapacidad, quedando excluidas de las medidas genéricas de promoción del empleo ordinario destinadas a este grupo social.

El proyecto de esta norma, denominada oficialmente ‘Proyecto de Real Decreto sobre medidas de acción positiva para promover el acceso al empleo de las personas con capacidad intelectual límite’, ya fue dictaminado por el Consejo de Estado, por lo que el comité puntualizó que sólo queda el trámite último de su aprobación por el Consejo de Ministros.

Este real decreto constituye el desarrollo reglamentario de la disposición adicional sexta de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con Discapacidad, que emplazaba al Gobierno de España a regular unas medidas de acción positiva dirigidas a promover el acceso al empleo de las personas con capacidad intelectual límite, que tengan reconocida oficialmente esta situación, aunque no alcancen un grado de discapacidad del 33%.

Esta propuesta fue planteada originalmente por el Cermi, haciéndola suya el legislador, pero para que sea efectiva necesita el desarrollo posterior del Ejecutivo mediante real decreto, que, puntualizó el comité, “lleva un retraso de casi 10 años”.