Estos cambios de hábitos figuran en el documento 'España 2050: fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo', presentado este jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

El informe indica que España debe ser una "sociedad neutra en carbono, resiliente al cambio climático y sostenible en el uso de recursos" a mediados de este siglo, para lo cual no bastará con transformar la forma de producir y transportar bienes, sino que también será necesario modificar los modos de consumo.

"Esto significa que, en las próximas décadas, la población española tendrá que reducir su ingesta de alimentos de origen animal, la cantidad de prendas de ropa que compra, o el número de dispositivos digitales y electrodomésticos nuevos que adquiere al año. También tendrá que volverse más comedida en sus desplazamientos (sobre todo cuando estos se realicen con medios altamente contaminantes), y prestar atención a la huella ambiental que su consumo genera más allá de nuestras fronteras", apunta el documento.

No obstante, el Gobierno precisa que "esta reducción de ciertos consumos no provocará un empeoramiento de las condiciones de vida ni del bienestar de la ciudadanía". "Tampoco tiene por qué afectar negativamente a nuestros niveles de actividad y empleo", añade. Sin esos cambios, según el Gobierno, "estará en riesgo el futuro del planeta".

RESIDUOS Y AGUA

Por otro lado, el Gobierno apuesta por implementar el "pago por generación" de residuos como medida de responsabilidad para los consumidores, que se extenderá también a los fabricantes, los cuales "deberán encargarse de la gestión del residuo y asumir la totalidad de los costes asociados, liberando así a los municipios de esta carga". De esta forma, el Ejecutivo considera "más factible" cumplir el objetivo de reducir el porcentaje de residuos que acaban en los vertederos.

Evitar la "amenaza del estrés hídrico" en 2050 pasa, según el Gobierno, por adoptar una estrategia de gestión integral que promueva la reutilización y la desalación del agua hasta lograr que su precio sea competitivo; es decir, similar al que tiene el proveniente de fuentes tradicionales (por ejemplo, las presas), así como por modernizar las infraestructuras para mejorar la eficiencia de los sistemas de abastecimiento urbano, riego agrario y tratamiento de agua potable y aguas residuales, y reordenar los usos agrícolas y cultivos, entre otras medidas.

Otros objetivos son estimular otras formas de movilidad alternativas al uso del vehículo privado, como "el transporte activo y el transporte público"; mejorar la red ferroviaria para transporte de mercancías (con su consiguiente electrificación) y de personas (con más redes de cercanías, relanzar el tren nocturno y un "un sistema tarifario justo").

Además, el Gobierno se propone disminuir el impacto medioambiental del transporte aéreo con una "tasa de viajero frecuente" o impuestos sobre los billetes de avión según la cercanía del destino, así como prohibir los vuelos en trayectos que puedan realizarse en tren en menos de 2,5 horas.

En cuanto a la alimentación, además de comer menos carne, el Ejecutivo plantea impulsar un programa nacional de fomento de hábitos alimentarios saludables y sostenibles, desarrollar un plan nacional para la reducción del desperdicio alimentario, establecer el etiquetado obligatorio de alimentos con información sobre el impacto ambiental y reducir el impacto ambiental de los menús ofertados en instituciones públicas fomentando la incorporación diaria de opciones vegetarianas y veganas.