Así, tras la defensa de la iniciativa por parte de la vicepresidenta cuarta del Ejecutivo, Teresa Ribera, dejaron claro su rechazo al mismo los representantes de PP, Vox, Ciudadanos, Coalición Canaria y Navarra Suma, pero también el PNV fue muy crítico y ningún representante de ERC intervino para explicar su posición.

Esto supone que la iniciativa sólo tiene asegurados los votos favorables de los dos partidos del Gobierno, PSOE y Podemos, así como de los parlamentarios PdeCAt, el partido escindido de Junts per Catalunya, cuyo diputado Genís Boadella anunció el respaldo de su fuerza política, aunque cuestionó que no se haya buscado el consenso.

En su intervención, Ribera defendió la no renovación del estado de alarma porque España está ahora en un “contexto bien diferente” y en una “situación esperanzadora” por la vacunación masiva, motivo que ha llevado a La Moncloa a apostar por un decreto que incluye aspectos sociales y jurídicos.

Así, la vicepresidenta explicó que la iniciativa legal que se somete esta tarde a votación prolonga hasta el 9 de agosto medidas como la imposibilidad de cortar el gas, la luz y el agua a personas con problemas económicos, al tiempo que se extiende el control a pasajeros en los aeropuertos con vuelos internacionales. El aspecto jurídico del decreto hace referencia a que las autonomías podrán recurrir directamente al Tribunal Supremo si los jueces de sus comunidades rechazan medidas contra el Covid-19.

“PASAR DE PUNTILLAS”

La vicepresidenta sostuvo que con este decreto el Ejecutivo actúa con “responsabilidad” y mantiene su “amparo continuo” a los más afectados por la crisis sanitaria. Añadió que también se ha tenido en cuenta que “la pandemia no ha terminado, aunque la recuperación se haya iniciado”.

Esta postura fue rechazada por la oposición, pero también por el PNV, cuya diputada Josune Gorospe acusó al Gobierno de querer “pasar de puntillas por el final del estado de alarma” y de estar actuando con “imprudencia” y generando un “riesgo” de que se produzcan rebrotes de coronavirus.

Asimismo, el diputado del PP Carlos Rojas afirmó que el decreto hace una delegación “inaudita” de las funciones del Gobierno en el Supremo, mientras que Pablo Calvo, de Vox, sostuvo que se pasa “de un estado de alarma a un estado de gobierno judicial”.

A su vez, Edmundo Bal, de Ciudadanos, tildó de “chantaje” que Ejecutivo mezclara en el decreto aspectos sociales con lo referido al cambio jurídico sobre los recursos por parte de las comunidades. También Ana Oramas, de Coalición canaria, acusó a La Moncloa de querer escurrir el “bulto” y Sergio Sayas, de Navarra Suma, afirmó que el presidente Pedro Sánchez se ha echado a dormir y que “lo despertarán los españoles cuando lleguen las elecciones”.

Por contra, el parlamentario de PSOE Rafael Simancas acusó a la derecha de ser “irresponsable” y de sólo querer “fastidiar” al Ejecutivo. En la misma línea, Rosa Medel, de Podemos, sostuvo que su posición contra el decreto contrasta con que durante el estado de alarma hiciera “llamamientos explícitos” a incumplirlo y situó en esta posición a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.