Este colectivo emitió un comunicado en el que advirtió de que la “entrada excepcional” de alrededor de 8.000 personas en la ciudad autónoma “no debe suponer un menoscabo de los derechos de los niños y las niñas”.

Por ello, recordó que el derecho internacional y el ordenamiento jurídico español establecen la adecuada identificación de los menores, especialmente de aquellos que viajan solos. También conminó a llevar a cabo una “valoración adecuada de cada caso y valorar la mejor medida en función del interés superior de cada niño o niña”.

Por esa razón, subrayó la importancia de plantearse una posible reagrupación familiar siempre que sea acorde al interés del menos, una vez que se les haya escuchado, y siempre que se localice a su familia.

Desde la constatación de que la mayoría de los niños llegados a Ceuta se encuentran en “situación de desamparo”, la Plataforma de Infancia instó a adoptar una “medida de protección” y su traslado a un centro adecuado para su edad.

A su vez, aseveró que la “situación excepcional” que atraviesa la ciudad autónoma no puede utilizarse como coartada para llevar a cabo “devoluciones en caliente, contrarias al derecho internacional”, ni para la separación de niños de sus familias.

Esto le permitió rememorar que la legislación española y la jurisprudencia del Tribunal Supremo señalan que no se deben practicar pruebas de determinación de la edad a aquellos menores que porten documentación que acredite su edad ni a los menores indubitados.

Por último, ofreció su experiencia a las autoridades españolas con el objetivo de trabajar por el bienestar de los menores.