Serra fue condenada por el TSJM a 19 meses de prisión e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por su intervención en las protestas que se produjeron el 31 de enero de 2014 en la calle Tribulete de Madrid, donde agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal asistían la ejecución de un desahucio. Se la condenó por un delito de atentado contra agentes de la Policía, dos de los cuales resultaron lesionados, y un delito de daños.

La defensa Serra sostuvo ante la Sala de lo Penal que la sentencia del TSJM vulneró el derecho a la presunción de inocencia al valorar erróneamente las pruebas y se extendió en las supuestas irregularidades en las que incurrieron los agentes de la Policía Municipal a la hora de identificar a la parlamentaria y de acreditar que participó en el lanzamiento de objetos contundentes a los agentes.

Por su parte, la Fiscalía ha insistido en que la dirigente de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid "fue una de las instigadoras" de los ataques y descartó de plano que los agentes erraran en su identificación. En caso de confirmarse la sentencia, Serra tendría que abandonar el Parlamento autonómico.

Según el ministerio público varias de las agentes de policía participantes en el dispositivo se quedaron con los rasgos de Serra, que durante la protesta las insultó con expresiones como “te follas a todos los policías” o “si fuera tu hijo tendría que coger un arma y pegarte un tiro”. “Son mujeres profesionales que se vieron increpadas por una joven de 24 años y es fácil que se les quedaran los rasgos faciales”, esgrimió el fiscal.

Por eso, defendió que la condena del TSJM está suficientemente motivada y apoyada en los testimonios de varios agentes y en línea con las condenas por conformidad que aceptaron el resto de los participantes en esos hechos. Se trató de un intento de la plataforma Stop Desahucios para frenar el lanzamiento en una vivienda habitada por un hombre de 54 años, con una enfermedad crónica. Varios de los participantes se enfrentaron a la Policía y la protesta acabó en lanzamiento de objetos, entre los había desde un gorro de lana hasta objetos más contundentes como piedras y adoquines.

La defensa de Serra, ejercida por Daniel Amelang, sostuvo que a lo largo del proceso se había vulnerado la presunción de inocencia de la diputada porque en un primer atestado relativo al desahucio no se hizo referencia a ningún altercado. Esas agresiones se reflejan un segundo atestado elaborado un mes después por la Brigada de Información tras revisar varios vídeos.

El abogado insistió en que "en todas las fotos y videos aportados aparece tranquila y sola y con las manos en el bolsillo, sin hablar con nadie. Y cuando ve un conflicto se aparta, huye. Su actitud no es la de una persona agresiva y mucho menos la de quien asume el liderazgo". Dijo también que “no hay prueba de que lanzara ningún objeto y menos de que éste fuera contundente”, ni tampoco de que estuviera presente en los altercados que se produjeron al final de la protesta.