El real decreto-ley precisa los tipos de ayuda a repartir, añade una serie de bonificaciones de tipo fiscal y laboral, amplía el territorio amparado por la declaración de zona afectada por la emergencia y extiende su vigencia a cualquier emergencia de protección civil entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de junio de 2021.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 19 de enero la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Madrid y Navarra.

Entonces, puso en marcha el proceso de evaluación de los daños provocados por la profunda borrasca, que tiñó de nieve casi media España. La copiosa nevada, a la que siguió una ola de frío, se transformó en unos 5.000 hectómetros cúbicos de agua, una cifra similar al consumo urbano durante un año en España.

6.643 EXPEDIENTES

El grueso de esta evaluación de daños ha sido llevada a cabo por las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, que han revisado 6.643 expedientes de siniestros provocados por Filomena entre los días 7 y 18 de enero, y centrados en daños que hayan podido afectar a particulares, corporaciones locales y infraestructuras públicas. Esos 6.643 siniestros incluyen unos daños totales que, en una primera revisión de elegibilidad, alcanzan un importe de 493,6 millones de euros.

La cuantificación de los daños provocados por la borrasca Filomena directamente resarcibles por el Estado asciende a un máximo de 435,3 millones de euros. No obstante, los ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y de Agricultura, Pesca y Alimentación han documentado durante ese proceso de evaluación daños áreas de su competencia en territorios no contemplados en la zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil del 19 de enero.

Por ello, el real decreto-ley aprobado este martes amplía su ámbito de aplicación a Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia, y eleva los daños evaluados en infraestructuras públicas e intereses privados en un montante global de 44,3 millones de euros.

Además, el real decreto-ley añade los daños detectados en edificios e instalaciones dependientes de diferentes departamentos ministeriales, cuantificados en 30 millones de euros.

La suma de todos estos conceptos eleva a 509,5 millones de euros la disponibilidad presupuestaria habilitada por el Gobierno para resarcir los desperfectos ocasionados por la borrasca Filomena, de los cuales 435 millones se corresponderían con daños provocados en las comunidades autónomas incluidas en el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 19 de enero, otros 44 millones en las regiones no incluidas entonces y 30 millones por daños en edificios e instalaciones de los diferentes departamentos ministeriales.

Los delegados y subdelegados del Gobierno podrán, previo informe de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, solicitar del Consorcio de Compensación de Seguros las valoraciones de los daños no personales definidos en el artículo 2 del real decreto-ley, para lo que la Administración cubrirá los honorarios de sus técnicos.

En el caso de daños a establecimientos industriales, mercantiles, marítimo-pesqueros, turísticos y de otros servicios, la persona que haya sido indemnizada por el Consorcio de Compensación de Seguros con aplicación de la franquicia podrá percibir una subvención de hasta un 7% de la cuantía de los daños indemnizables producidos, hasta un importe máximo de 9.224 euros siempre que la suma de la subvención y la indemnización no supere el valor de los daños.

OTRAS AYUDAS

Además de la ampliación de las comunidades autónomas beneficiadas por la declaración de zona afectada por Filomena, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha recibido solicitudes por daños causados por otros episodios de naturaleza catastrófica acaecidos a partir del día 1 de abril de 2020.

Por ello, el real decreto aprobado este martes incorpora una cláusula que prevé que el Gobierno podrá cualquiera de las medidas en él recogidas a otros sucesos de características similares que hubieran acaecido desde el 1 de abril de 2020 o que pudieran acaecer hasta el 30 de junio de 2021.

Además, el real decreto añade otras medidas como la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas que afecten a viviendas, establecimientos industriales, turísticos, mercantiles, marítimo-pesqueros y profesionales, explotaciones agrarias y forestales, locales de trabajo y similares, dañados en cualquier siniestro catastróficos ocurrido en ese lapso.

Otras medidas son posibles exenciones y bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social, que se concretarán en una orden ministerial posterior. A los trabajadores autónomos que perciban prestaciones por cese de actividad cuya causa inmediata sean los efectos de la borrasca Filomena no se les computará, a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos, los cuatro primeros meses de percepción de la prestación, y se considerará cumplido, a los efectos de poder acceder a la prestación por cese de actividad, el requisito de periodo mínimo de cotización de doce meses continuados anteriores a la situación legal de cese de actividad.

Además, los autónomos que tuvieran alguna bonificación o reducción de las cuotas de la Seguridad Social, y que como consecuencia de la borrasca solicitasen la baja, no perderán el derecho a esas bonificaciones o reducciones por el tiempo que hubiese quedado de disfrute al solicitar el alta.

El real decreto-ley establece ayudas a corporaciones locales y entidades locales para la recuperación de las zonas siniestradas, así como actuaciones de restauración forestal y medioambiental, así como en el dominio público hidráulico y marítimo terrestre.

PRODUCCIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha articulado medidas destinadas a paliar daños en las producciones agrícolas y ganaderas, reducciones fiscales para actividades agrarias y financiación de avales.

En el primer caso, se trata de ayudar a los titulares de explotaciones agrarias que hayan sufrido pérdidas superiores a un 30% de su producción. Existen dos supuestos: explotaciones que, teniendo pólizas de seguro en vigor, hayan sufrido daños sobre las producciones aseguradas y dichos daños no estuvieran garantizados, y explotaciones para las que en la fecha del siniestro no se hubiera iniciado el periodo de garantías del seguro, siempre y cuando se hubiese contratado este para la misma línea en la campaña anterior.

Las medidas fiscales especiales para las actividades agrarias consisten en reducciones de los índices de rendimiento neto del método de estimación objetiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Las aprueba el Ministerio de Hacienda a propuesta del de Agricultura, que realiza un informe con tal fin tras recibir la información preceptiva por parte de las comunidades autónomas. En la medida en que esta justifique la reducción, el ministerio la propondrá.

En cuanto a la financiación de avales, Agricultura podrá poner a disposición de los operadores económicos cuya actividad se haya visto afectada por la concurrencia de situaciones de alteración de las condiciones habituales de actividad líneas de financiación en las que subvencionará, en régimen de concesión directa, el coste de los avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca) necesarios para la obtención de préstamos.

Por último, todos los departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar zona de actuación especial y la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública.