Según informó Gestha en un comunicado, habitualmente se conocen los resultados entre febrero y marzo hasta que los resultados de 2018 se pospusieron a agosto de 2019 y los resultados de 2019 se conocieron en julio del año pasado, ante la declaración del estado de alarma en marzo.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda consideraron que “ya se han superado esas dos excepcionalidades” y “conviene agilizar la rendición de cuentas”.

Indicaron que es previsible una caída de los resultados del control tributario y de las denuncias de los delitos fiscales en 2020 por la interrupción de los plazos administrativos por el confinamiento, la “abrupta” entrada en vigor del teletrabajo y las dificultades de los propios empresarios para atender la marcha de los negocios.

La mayor rentabilidad en la lucha contra el fraude se encuentra en la comprobación a las Sociedades, según Gestha, que determina una deuda media de unos 21.000 euros, mientras que “apenas soportan un 5% aproximadamente de las actuaciones de control”.

Gestha pidió a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, que hoy inician el trabajo de la ponencia, que la futura Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal sirva para que a los técnicos se les aumenten las competencias y responsabilidades para luchar contra el fraude más sofisticado y los delitos fiscales, mejorar la ratio de cobro de las deudas tributarias y recuperar la senda descendente en el volumen de la deuda pendiente al considerar que desde los 42.770 millones alcanzados en 2019 habrá aumentado nuevamente en 2020 por las medidas de aplazamientos Covid.

Precisamente, la ponencia debatirá, entre otras enmiendas, la evaluación sectorial y territorial de la economía sumergida, la creación de un cuerpo superior técnico de Hacienda, el aumento de plantillas en el Ministerio de Hacienda y el aumento de la colaboración entre administraciones tributarias y su transparencia.

Los técnicos de Gestha señalaron que las rebajas de las bases imponibles negativas, de deducciones en cuota pendientes de aplicar y de cuotas a compensar de las grandes sociedades de más de 100 millones de euros de ventas representaron el 73% del total de las actuaciones y 5.250 millones en términos de incremento de cuotas tributarias “futuras”. Por otra parte, el control de 880 personas con grandes patrimonios en 2019 reportó unas actas por unos 690.000 euros de media.

No obstante, Gestha llamó la atención sobre que tradicionalmente la Agencia Tributaria dirige sus esfuerzos de control en el IRPF, que soporta el 75% de las actuaciones selectivas y extensivas, con una deuda media de 980 euros por contribuyente. Le sigue el control del IVA con un 25% de las actuaciones de gestión e Inspección tributaria y aduanera, descubriéndose una deuda media de 9.300 euros. Las actuaciones sobre contribuyentes en módulos suponen el 14% a los que se les detecta un incumplimiento medio de 667 euros.