El organismo dirigido por Cani Fernández ha divulgado este martes el Plan Estratégico (2021-2026) y el Plan de Actuaciones (2021-2022), donde apuesta de forma específica por la defensa de los consumidores, la digitalización y la transición ecológica como prioridades estratégicas.

En su elaboración ha incluido algunas observaciones recibidas durante su trámite de consulta pública, incluyendo algunas aportadas por los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados.

La CNMC explicó que la existencia de una competencia efectiva entre las empresas y la promoción de los principios de competencia y buena regulación seguirá siendo una de sus prioridades, “dados los beneficios que generan para la sociedad”.

Para ello consideró que será clave la incorporación de la Directiva ECN+ y sus instrumentos en política de competencia, y además indicó que mantendrá una “estrecha” vigilancia en todos sectores productivos y de forma especial aquellos más afectados por la pandemia.

Además, indicó que su vigilancia se centrará “en la detección de posibles prácticas fraudulentas que afectan a la contratación pública,” y reforzará la actividad de promoción de la competencia, a través de una colaboración decidida con la sociedad civil y las Administraciones públicas

En cuando a los sectores avanzó que en el energético prevé favorecer el papel activo del consumidor para que tengan acceso a fuentes de energía seguras, sostenibles “y pueda tener cada vez más control sobre sus consumos”.

Asimismo, detalló que “promoverá” la innovación en redes, la operación del sistema y los mercado minoristas, fomentando las inversiones eficientes en redes eléctricas y gasistas para integrar las energías renovables.

En el sector de telecomunicaciones y el sector audiovisual, también prevé poner el foco en el consumidor, con especial atención sobre la conectividad y el respeto a los derechos de los usuarios.

Entre sus prioridades figura también el servicio prestado por el sector postal y la intención de supervisar la liberalización del sector ferroviario, para vigilar, además de su buen funcionamiento, que garantice fórmulas de transporte menos contaminantes y que faciliten la movilidad de los ciudadanos.